Fuentes judiciales informaron que el funcionario del Ministerio Público dictaminó que el fallo de la Corte “podría contrariar el contrato social de los argentinos y la política de Estado sostenida por sus tres poderes para perseguir juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos”.

Marijuan escribió en su dictamen que el denunciante, el abogado y ex legislador porteño Marcelo Parrilli, mencionó “el modo en que fueron designados inicialmente dos de los Ministros de la Corte”, en referencia al decreto del Presidente Mauricio Macri que quiso nombrar jueces a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

También recordó la legislación internacional acogida en las leyes de Argentina que establece que los delitos de lesa humanidad “no pueden ser objeto de amnistía indulto o conmutación de pena bajo sanción de nulidad absoluta e insanable del acto que lo disponga”. “Este acusador público considera que la solución brindada por los juristas podría contrariar el contrato social de los argentinos y la política de Estado sostenida por sus tres poderes para perseguir juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar de nuestro país”, redondeó.

El dictamen del funcionario del Ministerio Público fue elevado al juez federal Daniel Rafecas para que se abra una investigación penal tras la denuncia radicada ayer por Parrilli.

Esa denuncia quedó radicada en el juzgado federal de Rafecas bajo el número 5900/2017 y apuntó a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, los tres que avalaron la aplicación del “2 x 1” para Luis Muiña, condenado a 13 años de prisión por la represión de Estado en el Hospital Posadas al comienzo de la última dictadura militar.

“Con el respeto que la investidura de los Señores Magistrados me merecen y no escapando al suscripto que los hechos aquí develados podrían ser considerados una cuestión de puro derecho, he de solicitar que se ponga en conocimiento a los dres. Highton, Rosatti y Rosenkrantz de la existencia del legajo” en su contra, indicó el fiscal.

También recordó el fiscal que Parrilli “vinculó los alcances de ese pronunciamiento (de la Corte) con ciertas declaraciones que se habrían hecho públicas por parte de diferentes integrantes del Poder Ejecutivo”.

Parrilli sostuvo en su denuncia que los jueces que avalaron la aplicación del beneficio en el cómputo de la pena para el caso de un condenado por violaciones a los derechos humanos habrían cometido el delito de “prevaricato”, es decir dictar sentencias contrarias a la ley.

La objeción apuntó al concepto que permite aplicar el beneficio para un condenado por un hecho ocurrido antes de la vigencia de la ley, quien -además- ingresó en prisión preventiva con posterioridad a su derogación.