El Decreto 159/2017 detalla las funciones y los objetivos del Consejo de la Economía Popular y los parámetros para la asignación del Salario Social Complementario, que funcionarán dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley.

La norma define a la Economía Popular como "toda actividad creadora y productiva asociada a mejorar los medios de vida de actores de alta vulnerabilidad social, con el objeto de generar y/o comercializar bienes y servicios que sustenten su propio desarrollo o el familiar".

Entre otras cosas, el Consejo deberá "diseñar y proponer los criterios y mecanismos de inscripción, admisión, clasificación y permanencia en el Registro Nacional de la Economía Popular".

La reglamentación establece que el Consejo estará integrado por un representante (y un eventual reemplazante) de los ministerios de Desarrollo Social, Trabajo y Hacienda, quienes "mediante acuerdo" podrán convocar a representantes de todas las organizaciones sociales para que participen de forma permanente de las reuniones, al igual que integrantes de "organizaciones civiles o instituciones públicas o privadas cuyos aportes resulten de interés social en razón de la materia".

El decreto se conoce un día después del informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que concluyó que en los primeros nueve meses de 2016 un millón y medio de personas cayó en la pobreza y 600 mil de ellos en la indigencia.