Uno de los cuestionamientos de la fiscal general Gabriela Boquín al acuerdo que firmó el Estado Nacional fue la incompetencia del funcionario que invocando “instrucciones impartidas” (no dijo por quien) consintió una quita del 98,82 por ciento a la deuda del Correo. Se trata del director transitorio de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa, designado mediante una excepción a la ley “por no reunir los requisitos mínimos” establecidos en el Sistema Nacional de Empleo Público. Un decreto de la década de 1980 lo faculta para representar en juicio, proponer, aceptar o rechazar concordatos, pedir quiebras o concursos, asistir a juntas de acreedores, aceptar pagos, pero no para “formular allanamientos y desistimientos, otorgar quitas y esperas, transigir y conciliar”, salvo que en casos importantes sean autorizados por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Que Mocoroa ni siquiera haya reclamado como contrapartida el desistimiento de los juicios que el Grupo Macrì mantiene e incluso incrementa contra el Estado, destruye cualquier esfuerzo publicitario por simular buena intención y transparencia. Mocoroa, Aguad y el propio Macrì fueron imputados por el fiscal Juan Pedro Zoni, quien sostiene que el verdadero jefe y accionista de Socma es el propio Maurizio Macrì, beneficiario del acuerdo suscripto por Mocoroa y cabeza de la cadena jerárquica que lo incluye. Este personaje de cuarta línea, que asumió la responsabilidad de firmar un acuerdo ruinoso para el Estado sin intervención expresa del Poder Ejecutivo y de su asesor técnico jurídico que es la Procuración del Tesoro, es uno de los dos hombres de confianza del Auditor radical Alejandro Nieva, con quien trabajó en la AGN durante la gestión del también radical Leandro Despouy. El otro era Joaquín Millón Quintana, que por ahora es el Fiscal Anticorrupción del gobernador jujeño Gerardo Morales, encargado de la persecución de Milagro Sala. De ahí el interés de Macrì por involucrar a la AGN, donde sigue Nieva y mantiene una red de relaciones Mocoroa, en un asunto que escapa en forma ostensible a su competencia. La habilitación de Aguad y Mocoroa al gran negocio del presidente Macrì ¿es el precio que el radicalismo paga por el respaldo oficial a la detención de la líder de la organización barrial Túpac Amaru, privada en forma arbitraria de su libertad desde hace 389 días?

El silencio de Morales es más que llamativo, sobre todo porque en 2003 junto con la también senadora radical por Chubut Marta Ethel Raso y al diputado tucumano por el Frepaso José Vitar denunció a las empresas del actual presidente por el vaciamiento del Correo Argentino y reclamó la ejecución de la garantía. Morales sostuvo que los Macrì incumplieron el contrato de concesión, que no realizaron las inversiones comprometidasy causaron daño patrimonial al Estado. Para el actual jefe de gabinete Peña Braun, la deuda ascendía a 292 millones de pesos/dólares de 2002. Morales, en cambio la estimó en 610 millones. Su cálculo se basa en una deuda previa al concurso de acreedores de 304 millones, de los cuales 60 corresponden a intereses punitorios. Sumando y restando las compensaciones recíprocas entre el Correo y el Estado hace llegar esa deuda preconcursal a 448 millones. Luego calcula la deuda posterior al concurso de acreedores, por el canon y los intereses punitorios de otros 161 millones, con lo cual la deuda total asciende a 610 millones. La única aparición pública de Morales en la escena nacional fue una entrevista con su tocayo Joaquín Morales Solá, en la que no habló de esto sino de CFK, que a su juicio debería estar presa como Milagro Sala.

Horacio Vervisky