Si bien Macri pidió volver a “foja cero”, la realidad es que tendrá sus limitaciones en la dinámica concursal en la cual se encuentra el litigio con el Correo Argentino SA del Grupo Macri. En ese contexto, el año pasado el Banco de la Nación Argentina desestimó una propuesta de pago por parte del Correo, idéntica a la que había aceptado el Gobierno.

Como cada acreedor debe evaluar por su cuenta las propuestas de pago, a mediados del año pasado el Banco de la Nación analizó la oferta recibida por parte del Correo Argentino. El equipo técnico de la entidad rechazó la forma de pago porque “no era conveniente”.

De esta forma, la entidad pública, que por otra parte depende políticamente de la Casa Rosada, opinó en forma similar a la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, quien sostuvo que el acuerdo con la empresa del Grupo Macri le generaba un grave perjuicio al Estado.

Del concurso de acreedores surge que el Correo Argentino le debe al Banco de la Nación uno $ 50 millones. Oportunamente, el directorio que aún conducía Carlos Melconian le pidió opinión a los equipos técnicos respecto de la viabilidad de la propuesta hecha por la firma concursada. Si bien algunos directores creían conveniente adherir al plan de pago tal como impulsó la Jefatura de Gabinete, el rechazo de los profesionales del banco, echó por tierra esa idea.

La opinión del equipo técnico del Banco de la Nación va el línea con la fiscal Boquín quien en la ampliación del dictamen sostuvo que el Correo Argentino tiene una actitud “contraria a la buena fe”.

La decisión de la fiscal tuvo lugar luego de que el Gobierno avalara la oferta de pago que propuso Correo Argentino, de Franco Macri, sobre la deuda que la empresa sostiene desde hace varios años con el Estado.

Luego de que la causa estuviera más de 15 años empantanada en los tribunales y de los numerosos rechazos de acuerdo por parte del Estado, la gestión de Macri aceptó una quita del 98,82% del total de la deuda y su cancelación podrá efectuarse hasta 2033.

Según Boquín, el ofrecimiento realizado en junio debe considerarse “abusivo”, ya que implica una quita de más de $ 4.000 millones en la actualidad y de más de $ 70.000 millones a 2033, cuando finalice el plan de pagos.