POLITICA
9 de febrero de 2017
El fiscal pidió juicio oral para Cristina por causa "dólar futuro"
Taiano reclamó la elevación a jucio tras que el juez Bonadio considere completa la investigación en la que están procesados la ex presidenta, Axel Kicillof y Alejandro Vanoli, entre otros imputados. La ex mandataria ya sufrió un embargo de 15 millones de pesos que derivó en la inhibición general de todos sus bienes.
El fiscal federal Eduardo Taiano pidió este miércoles la elevación a juicio oral de la ex presidenta Cristina Fernández en la causa conocida como "dólar futuro".
Lo hizo al responder la "vista" que le formuló el juez federal Claudio Bonadio, tras considerar "completa" la investigación en la que, además de la ex mandataria, están procesados el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli, entre otros imputados.
La ex presidenta está procesada y sufrió un embargo de 15 millones de pesos, que derivó luego en la inhibición general de todos sus bienes.
Taiano firmó el dictamen, de unas cien páginas, que en los hechos es la acusación del fiscal contra los imputados y la base fáctica sobre la cual deberá realizarse el juicio oral y público.
Ahora resta que el juez le "corra traslado“ a las partes para que éstas manifiesten sus posturas, y en esa instancia pueden oponerse al pase a juicio, consentirlo o también pedir el sobreseimiento de los imputados.
Ni la ex presidenta, ni Kicillof, apelaron el procesamiento de primera instancia y anunciaron públicamente su intención de que la causa llegue rápidamente a la etapa de debate. No obstante ello, difícilmente ello vaya a ocurrir antes de fin de 2017.
Además de la ex mandataria, Kicillof y Vanoli, también están camino al juicio oral Miguel Ángel Pesce, Pedro Biscay, Alejandro Formento, Germán Feldman, Cristian Girard, Guillermo Paván, David Jacoby, Bárbara Domatto Conti y Mariano Beltrami.
Según la imputación, las operaciones de "dólar futuro“ dispuestas durante el final del gobierno de Cristina Kirchner causaron a las arcas públicas un perjuicio del orden de los 17.000 millones de dólares