Enrique Cresto hizo llegar a los medios un comunicado ante la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Narcomenudeo, dispuesta por el Juez Federal de Paraná, Dr. Leandro Ríos.

El comunicado de Enrique Cresto

Los jueces federales tendrán que revisar sus prácticas, porque en Entre Ríos se seguirá secuestrando drogas, y les seguiremos remitiendo las causas, para que la justicia federal haga lo que tiene que hacer.

Causa indignación, pero no sorpresa. Está más que probada la ineficiencia de la justicia federal para aplicar la ley que combate el narcotráfico, que en algunos casos como éste, es escandalosa. Y esa ineficiencia beneficia a los que lucran con la venta y perjudica a los ciudadanos.

Respecto de la ley de 10.329 tenemos la conciencia tranquila, de estar trabajando de acuerdo a éstos momentos históricos, ya visualizados por un gran estadista que fue Néstor Kirchner.

Fue consensuada con juristas de renombre, penalistas de reconocida trayectoria como los Dres. Claudia Mizawak, Rosario Romero y Jorge Amilcar García. Los mismos, además de ocupar cargos actualmente en la cúpula del Poder Judicial de Entre Ríos, son penalistas de prestigio, con autoridad reconocida en la materia. Pasó por todo un proceso de debate parlamentario.

También se tuvo en cuenta la jurisprudencia de la CSJN, ( in re “Echeverría, Sandra del 13/06/2006) que resolvió y delimitó las respectivas competencias frente a un conflicto suscitado entre la Provincia de Buenos Aires y el Fuero Federal con asiento en la misma) e inclusive tuvimos la prudencia y apertura de invitar a participar del proceso de formación de la ley a los magistrados del fuero federal, quienes en definitiva tienen competencia en los delitos que no entran en la ley sancionada. Por caso se recabó al opinión de un ex Juez Federal, como lo es el Dr. Laurito, quien no encontró reparos.

Es famoso el dicho que hace más daño un mal juez que muchos delincuentes, y este lamentablemente parecería ser uno de esos supuestos de los que se puede citar como ejemplo. Estamos estudiando la posibilidad de denunciar al juez federal Ríos por ante el Consejo de la Magistratura, si encontramos elementos para sospechar que deliberadamente benefició con su accionar a quienes le fue secuestrada la droga. Estamos abiertos a recibir información de la población al respecto, porque en tal caso no nos quedaremos cruzados de brazos haciendo sólo declaraciones. Y para dar ese paso necesitamos estar convencidos, con elementos de pruebas.

Aquí tiene que primar el sentido común y cualquier interpretación de la ley, debe tener en cuenta el contexto histórico, y las consecuencias que derivan de esa interpretación.

El contexto indica que miles de jóvenes por la inacción de quienes están encargados de aplicar la ley (la justicia federal) caen dentro de las redes del narcotráfico, siendo víctimas reales de carne y hueso, arruinandose a varias familias-.

Pero nuestro sistema de control difuso de constitucionalidad deja resquicios para que pasen éstas cosas. Es llamativa la velocidad con que se declara la peor sanción que se le puede dar a una ley, que es la declaración de inconstitucionalidad, que es como tiene dicho reiteradamente la CSJN la “última ratio”, por su gravedad, y que no admite ninguna compatiblización con las normas de la constitución.

También observo con preocupación como el Fiscal Federal, Ricardo Álvarez- contrariando la jurisprudencia de la Corte - en su momento jugó en tándem con los opositores a la ley- lo que lo inhabilitaría para emitir dictamen sobre la cuestión. (si bien el art. 71 del CPPN lo ampara para no hacerlo). Me parece que por una cuestión de mínimo recaudo ético debería apartarse.

Sin intención de entrar en polémicas me parece una actitud prepotente, muy poco comprometida con la excelsa función de impartir justicia y que beneficia a quienes lucran con la muerte, porque los narcotraficantes en definitiva lucran con la muerte. En fin no tiene asidero jurídico, anclaje lógico ni en el sentido común y es una afrenta a la ciudadanía, preocupada por erradicar las drogas.

Marcha a contramano de la historia.

Tendrán que revisar sus prácticas, porque en Entre Ríos se seguirá secuestrando drogas, y les seguirán remitiendo las causas, para que la justicia federal haga lo que tiene que hacer. Estamos dispuestos a trabajar en un protocolo común para que se tengan en claro pautas, pero no vamos a permitir este atropello al federalismo y a la institucionalidad entrerriana, violando una ley nacional que la CSJN declaró constitucional.-