El ministro de Justicia, Germán Garavano, confirmó que el Gobierno impulsará modificaciones del régimen penal juvenil, que incluye bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, pero aclaró que el proyecto será discutido todo este año con especialistas de Unicef y fuerzas políticas y recién será presentado luego de las elecciones legislativas.

“La posición del Gobierno es que hay una situación (relacionada con el delito), sobre todo en la franja de 15 años, que debe ser abordada en la ley pero estamos abiertos a construir consensos con los expertos, con Unicef y con todo el arco político para que éste -una vez que salga de la discusión política- sea un tema que nos ocupe, porque sin jóvenes no tenemos futuro en nuestro país”, subrayó.

En declaraciones a radio Nacional, Garavano sostuvo que la aspiración de la Casa Rosada es “tratar de hacer un abordaje temprano para evitar que el joven vaya entrando en el círculo vicioso, en esta cadena delictiva que tiene a los jóvenes no solo como victimarios sino cómo víctimas de los delitos”.

Garavano, agregó que la idea es comenzar “una discusión seria” durante el 2017, pero que el tratamiento legislativo “se dé recién en 2018, lejos de las elecciones” legislativas.

En cuanto a que el proyecto de ley considere una baja en la edad de imputabilidad de menores, Garavano reconoció que “la gente de Unicef no coincide” con la necesidad de tomar esa medida, y señaló que respetaban esa opinión, que también “estará sobre la mesa de discusión” de la ley.

Según dijo, ya están trabajando con Unicef, así como con jueces y expertos respecto al abordaje de un nuevo régimen penal juvenil, y recordó que la ley que está en vigencia fue promulgada durante los años de la dictadura y que es “básicamente paternalista”.

El ministro asumió que si bien cuando se habla del delito que cometen los menores el foco se pone en la edad, existe un problema que es necesario abordar y que tiene que ver con la “reinserción escolar y laboral”. Reconoció también que “el salto mayor” en el delito “se da en la franja de los 15, más que de los 14”, con lo que abrió el debate respecto de si la edad de imputabilidad debería ser a partir de los 14 o de los 15.

Asimismo, Garavano asumió que la responsabilidad del Estado es “dar respuestas tempranas” ya que “el ingreso al delito de un joven se da en forma lenta”.

“El joven no es que ingresa y mata a alguien, sino que se va dando un proceso de degradación y, al mismo tiempo, de abandono por parte de la familia, el Estado y la sociedad”, puntualizó.

Por eso, el ministro planteó un “rol activo del Estado” para que el joven “no entre en este círculo vicioso”, y llamó la atención respecto a que los jóvenes que cometen delitos además de victimarios son “víctimas”. La edad en la que se concentran la mayoría de los delitos, dijo, es entre los 14 y 15 años y los 28, y, agregó, “tiene que ver también con el consumo de drogas”.

“Es necesario que el Estado ponga mayor cantidad de recursos en las etapas iniciales, es decir en la prevención”, y en este marco recordó que cuando trabajó en juzgados de menores recibió la visita de un juez de menores de California, Estados Unidos, al que le llamó la atención que estos juzgados de menores “estén siempre en el sótano o en la terraza” de los tribunales. Según dijo, este lugar que ocupan físicamente también da cuenta de que “falta que sea una prioridad”.

Por eso, se comprometió a darle al tema un “abordaje integral”, para que los recursos que se destinen sean “útiles e inteligentes”, y vayan también a la prevención.