La cúpula de la policía de Jujuy está en jaque. Las bases, aquellos efectivos policiales y agentes penitenciarios disconformes con el trato que reciben, denunciaron graves episodios protagonizados por los jefes de la fuerza: los delitos oscilarían desde encubrimientos, hechos de narcotráfico, acoso laboral, corrupción, abusos sexuales y extorsiones. Como si fuera poco, en lo que va del año ya se registraron por lo menos cinco suicidios. El caso de Natalia Tejerina desnuda el oscuro escarmiento que sufren aquellos policías que no se callan las injusticias: se trata de una joven agente que se cortó las venas luego de poner en evidencia los negociados de sus compañeros y el acoso de sus jefes. Las autoridades del Ministerio de Seguridad jujeño se desentendieron de los reclamos.

Natalia

Natalia tiene 27 años, casi cuatro en la fuerza y una intensa vocación de servicio, pero hace meses que no puede cumplir con sus funciones debido a la presión de sus jefes. El 20 de noviembre dijo basta, y se cortó las muñecas. Recién fue dada de alta el 7 de diciembre. Su carrera policial cambió el 25 de febrero cuando advirtió irregularidades en un operativo del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 6 de Perico, donde cumplía tareas. “En un procedimiento secuestramos 32 gallos de riña, pero de un momento a otro eran todos gallos comunes. Un rato antes me habían ofrecido 10 mil pesos por uno”, se quejó Natalia. La maniobra quedó documentada en los libros de guardia, sin embargo la Justicia no mostró ningún resultado.
El periodista Marcelo Pastore logró entrevistarla sorteando a los médicos y a una guardia policial que no permitía el acceso a los medios.

“Intenté quitarme la vida, pero quiero aclarar que no fue por ningún drama pasional, sino por mi trabajo”, dijo la joven, descartando así la versión oficial. Después del episodio de los gallos, la mujer reveló detalles de cómo la policía pedía dinero a los comerciantes de Perico; dio cuenta de graves irregularidades en procedimientos de narcotráfico; y llegó a precisar que en la comisaría de Monterrico sólo trabaja la mitad de los 13 oficiales que figuran en la nómina. “El resto le pagaba 200 o 300 pesos al jefe para no ir a trabajar”.

“Una vez que comencé las denuncias, me tuvieron 22 días corriendo” de una dependencia a otra, indicó Natalia a quien lo peor todavía no le había pasado: “Un día volviendo de mi trabajo, me agarran tres tipos y me golpean.” La Secretaría de Bienestar Policial no la contuvo. “Fui a pedir un parte psicológico –continuó-, pero desde la Jefatura me dijeron que al ser mujer sabía lo que tenía que hacer y me la tenía que bancar.” Cuando pidió una consieración ante la Jefatura por sus constantes traslados, el subdirector de Cuerpos, Pedro Durán, le dijo que no supo ponerse “la camiseta de Infantería. ¿Qué sería eso? ¿Tapar las porquerías que ellos hacen? ”, se preguntó.

Petitorio

Las denuncias de Tejerina fueron incluidas en un pedido de familiares y allegados de agentes policiales y penitenciarios en el que se reclama “la renuncia de todo el Ministerio de Seguridad –a cargo de Ekel Meyer- por su ignorancia sobre Seguridad urbana y los desaciertos en los once meses de gestión y por deslindar responsabilidades en los numerosos suicidios”. Está firmado por el ex comisario Marcelo Vargas, quien se hizo eco de las opiniones de la gran mayoría de los efectivos que al estar en funciones no pueden quejarse formalmente porque podrían ser sancionados.

El escrito, que fue presentado el 11 de noviembre, está dirigido al gobernador, al obispado, a la Legislatura, al ministro de Trabajo, al defensor del Pueblo, a la Secretaría de Derechos Humanos, al INADI y, sobre todo, a la Justicia, que debería actuar en consecuencia. Se abrió una causa que instruye el fiscal Gustavo Araya con colaboración de la Brigada de Investigaciones.

“Los funcionarios políticos se creen dueños absolutos de la Policía de la Provincia de Jujuy y sus efectivos”, se titula el primer apartado del petitorio. En él, se relata que el 20 de noviembre, el subjefe de la fuerza, Natalio Ruíz, chocó aparentemente en estado de ebriedad contra una moto de baja cilindrada en la que iban tres chicas menores de edad, quienes sufrieron heridas. Nadie se animó a realizar peritajes ni el dosaje de alcohol en sangre del sospechoso. Además, los vehículos habrían sido arreglados en el Departamento de Logística por personal policial.

Dos de las chicas atropelladas por Ruiz, hermanas de quince y cuatro años, resultaron ser hijas de Nicomedes Pérez, uno de los cinco policías que se suicidó en lo que va del año. La lista de suicidios en la policía jujeña se completa con Fernando Flores, quien se quitó la vida a mediados de julio, luego de discutir con su pareja en El Carmen; el 1 de octubre, en San Salvador de Jujuy, el cabo Víctor Chauque asesinó de un balazo en la cabeza a su ex novia y luego se mató; Daniel Calmuz, también se pegó un balazo en la cabeza luego de dispararle dos veces a su mujer en Alto Comedero el 24 de octubre; y Jimena Calizaya fue encontrada por sus familiares con un tiro en la cabeza y su pistola reglamentaria al lado el 5 de noviembre en su casa de la ciudad de Jujuy.

Los jefes

En el petitorio en el que se pide la renuncia del ministro de Seguridad Ekel Meyer, quien no atendió los llamados telefónicos de Tiempo, se dan detalles escabrosos sobre el número uno y el dos de la fuerza policial provincial. Sobre Aldo Soles se destacan denuncias de ataques sexuales a subalternas. El jefe de la fuerza también tiene sumarios en su contra por pedidos de coimas. Ruiz, su segundo, está acusado en su paso por la Unidad Regional 2 de San Pedro, de poner al servicio de empresas el personal a su cargo, liberando otras zonas sensibles.

La única respuesta oficial que encontraron hasta el momento los denunciantes fue la del secretario de Seguridad Pública, el ex coronel retirado Guillermo Siri, quien en medio de una protesta los azuzó: “Si no les gusta, que pidan la baja.” «