La situación de la dirigente social jujeña Milagro Sala llegó finalmente a la Corte Suprema de Justicia, aunque no por el camino más directo y menos aún por la discusión de fondo: la excarcelación.

Apenas días después de que el ex juez de ese tribunal Raúl Zaffaroni sugiriera a la Corte como vía para solucionar el conflicto jurídico internacional derivado de la detención de la líder de la Tupac Amaru, la Cámara Federal de Casación Penal concedió un recurso extraordinario, despejando así el camino hacia el máximo tribunal.

Cierto es que lo que está en discusión no es, por ahora, la libertad de Milagro Sala. Por una vía oblicua, ese episodio que mantiene encarcelada a la líder jujeña podría llegar a ventilarse, pero de momento no aparece en el horizonte un fallo (mucho menos un fallo de la Corte Suprema) que concrete lo que han sugerido de cien maneras diferentes la ONU y la OEA y organismos y jefes de Estado nacionales e internacionales.

Milagro Sala denunció que el gobierno jujeño, en manos de Gerardo Morales, la priva ilegalmente de su libertad. Y planteó una causa penal que radicó ante la Justicia federal de la provincia. Pero los jueces de ese fuero se desentendieron de la causa y la enviaron al fuero ordinario.

Ahora, los jueces de la Casación Federal (la máxima instancia penal del país) Alejandro Slokar y Angela Ledesma hicieron lugar a un planteo de los abogados de Sala, Juan Grabois y Elizabeth Gómez Alcorta, para que sea la Corte la que decida qué juez y qué fuero deben intervenir. No ya en la causa en la que Sala está presa, sino en la denuncia de Sala contra Morales por privación ilegal de la libertad.

Puesto así, parece una discusión menor, una mera “cuestión de competencia”. Pero los jueces Slokar y Ledesma advirtieron que la denuncia contra Morales se basa en la Decisión 31/2016 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, dependiente del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Y alertaron sobre el “riesgo de colocar al Estado en situación de responder a nivel internacional” por no liberar a Milagro Sala.

La Corte, cuyos últimos fallos tienen una llamativa similitud con los intereses del oficialismo gobernante, tiene dos opciones. La más simple, definir la “cuestión de competencia”: interviene la justicia federal o la justicia ordinaria. Y que el expediente recorra todo el espinel judicial hasta llegar, dentro de meses o años, nuevamente a la Corte, en ese caso sí para tratar la cuestión de fondo: si Morales privó o no ilegalmente de la libertad a Milagro Sala.

Pero también podría, si lo quisiera, hacerse eco de la cuestión de gravedad institucional que significa que el Estado argentino desoiga lo que dice la ONU. Debería, para ello, tener una decisión política (traducida en agallas que vayan más allá de la fría letra de los códigos ) para, como sugirió Zaffaroni, solucionar el conflicto.

A la Corte le queda sólo un acuerdo en lo que resta de 2016. Está previsto para el martes próximo, aunque los jueces podrían reunirse cuando quisieran para tratar el tema. Si no lo hicieran entre este jueves y el viernes de la semana próxima, la causa quedará planchada hasta febrero, en virtud del parate judicial de la feria de enero.