Las próximas horas serán claves para la definición del esquema del impuesto a las ganancias en 2017. Luego de que el oficialismo firmó un dictamen para llevar el proyecto de ley al recinto de diputados, pero sin llegar antes a un acuerdo con la oposición, varios puntos siguen siendo eje de la discusión.

La primera cuestión es la definición de cuál es el menor salario alcanzado por el tributo. La propuesta oficial, rechazada por los opositores por insuficiente, implica subir un 15% el monto actual, que para un asalariado o jubilado sin cargas de familia es de 18.880 pesos netos (la cifra es un promedio mensual e incluye el proporcional del aguinaldo). La crítica más fuerte es que, como las expectativas indican que la inflación y la recomposición de salarios serían más elevados, más personas empezarían a tributar.

Según el relevamiento de expectativas de Deloitte, realizado en noviembre entre directivos de 107 compañías que tienen 147.000 empleados, en 9 de cada 10 empresas dicen que los salarios subirán no menos de un 15% en 2017, y dos de cada tres prevén un alza no inferior al 20%. Eso está en línea con el hecho de que el 63,2% de los consultados cree que la inflación será de por lo menos un 20% anual. Eso sí: en ninguna empresa consideran que el índice superará el 30%.

Como las subas salariales son por lo general escalonadas y no se dan desde el primer mes, en caso de prosperar el aumento de sólo el 15% de la base salarial de Ganancias, se irían incorporando al pago del impuesto más personas a medida que corra el año.

Otro de los ejes del cambio propuesto en los diferentes proyectos es la actualización de los valores de la tabla que, según rangos del ingreso imponible, definen qué alícuota se aplica. El ingreso imponible es el salario neto de aportes menos los importes no imponibles que surgen de la ley y menos las deducciones que declare el contribuyente, por ejemplo, por hijos a cargo. Uno de los argumentos del Gobierno es que la corrección que propone (si bien es muy insuficiente en relación con la inflación de la última década y media, en que la tabla se mantuvo congelada) favorece con mayor fuerza a los ingresos más bajos entre los alcanzados por el impuesto, ya que la escala se actualiza con mayor intensidad en la parte más baja. Y, además, se reducen las alícuotas de los primeros tramos y se dispone de una tasa aliviada para quienes queden por primera vez alcanzados, siempre que recaigan en la alícuota más baja (que es del 5%): en esos casos se pagará un 2%.

En cuanto a la posibilidad de deducir familiares a cargo, el oficialismo aceptó resignar su idea de anular la deducción por cónyuge. En rigor, hoy la ley permite la deducción de familiares a cargo siempre que no tengan ingresos o que los que perciban sean muy bajos (hoy el límite es de $ 42.318 anuales). En cuanto a otras deducciones, se empezaría a habilitar a descontar lo pagado por alquileres, con un tope que sería del 40% del total (con ese límite funcionan las deducciones por gastos médicos).

Jubilados y autónomos

Haberes imponibles

El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, descartó el martes en el Congreso que se acepte dejar a los jubilados al margen del impuesto. Y explicó que si los haberes están gravados, es porque no lo están los aportes previsionales durante la vida activa. En cuanto a los autónomos, la ley elevaría la base imponible, pero no eliminaría las fuertes diferencias que tienen estos contribuyentes en comparación con los asalariados: pagan más y desde ingresos muy inferiores.