El ministro de Modernización y Gestión, Andrés Ibarra, fue el encargo de negociar durante las últimas semanas esta compensación con el gremio mayoritario del sector, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), y también de anunciarla en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

El funcionario precisó que el costo fiscal de la medida, que alcanzará a 130 mil personas, será de 350 millones de pesos y será para aquellos empleados que estén dentro del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) y organismos vinculados al convenio colectivo 214.

El bono se pagará "en dos cuotas, una en el mes de diciembre y otra con los salarios del mes de enero", precisó Ibarra, y será de 3.500 pesos para las categorías de empleados más bajas (E y F); 3.300 para la categoría D; de 3.000 para la C y de 2.000 para las dos más altas, la A y B.

En ese sentido, indicó que una eventual compensación salarial extraordinaria para el resto de los trabajadores estatales "dependerá de cada organismo descentralizado".

"Se ha puesto el mayor esfuerzo en compensar a los sectores de menor ingreso y la franja media donde se concentra la mayor cantidad de trabajadores, sin perder de vista además que los niveles mayores del escalafón serán alcanzados por la eximición del pago del impuesto a las ganancias en el medio aguinaldo del segundo semestre", sostuvo el acta firmada durante la jornada por Ibarra, su par de Trabajo, Jorge Triaca y el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez.

Ibarra resaltó que la negociación por el bono se produjo "en el marco del Diálogo por la Producción y el Trabajo" convocado por el Poder Ejecutivo, en el cual ya se habían sellado bonos compensatorios para beneficiarios de la AUH, para jubilados que reciben la mínima y para trabajadores del sector privado, este último no obligatorio.

Consultado sobre la posibilidad de una ayuda financiera de la Nación a otras jurisdicciones para replicar el bono a empleados estatales provinciales, Ibarra subrayó que eso "es un tema específico de las finanzas de cada provincia".

"En su momento (el ministro del Interior, Rogelio) Frigerio habló respecto de esto. Se está llevando una agenda amplia con las provincias. Se ha generado una discusión muy profunda respecto del Presupuesto y de la manera en la que el Estado nacional contribuye, apoya y genera recursos para todas las provincias", planteó al respecto. 

Y agregó: "Esto ya es un tema específico de las finanzas de cada una de las provincias. Algunas están en negociaciones en marcha y otras estarán viendo su situación fiscal para tomar una decisión al respecto".

En el caso de Entre Ríos, el gobernador, Gustavo Bordet, ya había anunciado hace un tiempo que la provincia no está en condiciones de afrontar el pago del bono. 

Por otra parte, el funcionario resaltó la intención del Gobierno de "jerarquizar el empleo público" a través de concursos públicos y remarcó que habrá "una política muy activa de concursar distintas posiciones de la alta dirección pública para generar cuadros con continuidad, con mucha transparencia en el proceso".

"Lo que hemos hecho fue destrabar los concursos que se habían hecho en años anteriores. Cada ministerio ha revisado los concursos y actualmente tenemos 8.000 concursos que están siendo tramitados. Nos parece muy importante darle al Estado este mecanismo de transparencia y fortalecimiento de la alta dirección pública en el marco de los concursos", concluyó.

En declaraciones a la prensa tras participar de una conferencia de prensa en la CGT con movimientos sociales, Andrés Rodríguez sostuvo que también hay un compromiso del Gobierno de pasar a planta permanente a 12 mil trabajadores estatales que no gozan de estabilidad laboral ya que están bajo contratos temporarios.

De las negociaciones no participó el otro gremio de estatales, ATE, que manifestó su rechazo total al bono de fin de año y mantiene su reclamo de reapertura de paritarias para recomponer el poder adquisitivo y por el cual realizó un paro nacional la semana pasada.