El 22 de agosto de 1972 fueron asesinados 16 presos políticos seis días después de que se  efectivizara una acción conjunta de las Fuerzas Armadas  Revolucionarias (FAR), Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y  Montoneros para liberar a guerrilleros recluidos en la cárcel de  máxima seguridad de Rawson.

En Trelew fueron asesinados 16 miembros de distintas organizaciones armadas peronistas y de izquierda, presos en el penal de Rawson, capturados tras un intento de fuga y ametrallados posteriormente por marinos dirigidos por el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa.

Los sucesos tuvieron lugar en la madrugada del 22 de agosto de 1972, en la Base Aeronaval Almirante Zar, una dependencia de la Armada Argentina próxima a la ciudad de Trelew, provincia del Chubut.

Los hechos arrancaron el 15 de agosto con un masivo intento de fuga de la cárcel de Rawson, pero solo seis de los 110  reclusos lograron su propósito.

El planificador del operativo de fuga  era Mario Roberto Santucho, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, pero posiblemente Marcos Osatinsky, miembro de las FAR, había comenzado a planificar la fuga aún antes de la llegada de Santucho al penal.

Estos dos dirigentes junto a Fernando Vaca Narvaja, Roberto Quieto, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna integraban el denominado “Comité de fuga”. Fueron los únicos que pudieron huir rápidamente en un automóvil Ford Falcon que los esperaba, y trasladarse al aeropuerto de Trelew para abordar una aeronave comercial BAC 1-11 de la empresa Austral, previamente secuestrada por un comando guerrillero de apoyo, cuyos integrantes viajaban como pasajeros.

Los demás vehículos de transporte que debían esperar al resto de fugados no se hicieron presentes en la puerta de la cárcel debido a una confusa interpretación de las señales preestablecidas. Sin embargo, un segundo grupo de 19 evadidos logró arribar por sus propios medios en tres taxis al aeropuerto, pero llegaron tarde, justo en el momento en que la aeronave despegaba rumbo al vecino país de Chile, gobernado entonces por el socialista Salvador Allende.

Al ver frustradas sus posibilidades, luego de ofrecer una conferencia de prensa este contingente depuso sus armas sin oponer resistencia ante los efectivos militares de la Armada que mantenían rodeada la zona, solicitando y recibiendo públicas garantías para sus vidas en presencia de periodistas y autoridades judiciales.

Una patrulla militar bajo las órdenes del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa, segundo jefe de la Base Aeronaval Almirante Zar, condujo a los prisioneros recapturados dentro de una unidad de transporte colectivo hacia dicha dependencia militar. Ante la oposición de éstos y el pedido de ser trasladados de regreso nuevamente a la cárcel de Rawson, el capitán Sosa adujo que el nuevo sitio de reclusión era transitorio, pues dentro del penal continuaba el motín y no estaban dadas las condiciones de seguridad.

Al arribar el contingente al nuevo destino de detención, el juez Alejandro Godoy, el director del diario Jornada, el subdirector del diario El Chubut, el director de LU17 Héctor “Pepe” Castro y el abogado Mario Abel Amaya, quienes acompañaban como garantes a los detenidos, no pudieron ingresar con ellos y fueron obligados a retirarse.

El espectacular intento de fuga y el éxito parcial de los seis máximos jefes guerrilleros, que más tarde lograron un salvoconducto para huir desde Chile hacia Cuba, tuvieron al gobierno militar de la autoproclamada Revolución Argentina y a la opinión pública en vilo durante tensos días. El sentimiento generalizado era que se tomarían cruentas represalias a manera de escarmiento contra los demás protagonistas de la fuga, en caso de no lograrse la repatriación de los seis jefes guerrilleros evadidos.

Debido a esta percepción, en la mañana del 17 de agosto el Partido Justicialista envió un telegrama al ministro del interior Arturo Mor Roig (parte de la mesa directiva del Partido Radical) con el siguiente texto: “Reclamamos respeto derechos humanos presos políticos unidad carcelaria Rawson responsabilizándolo por su integridad física amenazada por medidas de represión”.

Mientras el gobierno de Alejandro Agustín Lanusse intentaba presionar por todos los medios al presidente de Chile Salvador Allende para que deportara a los fugados en calidad de prisioneros, toda la zona de Rawson y Trelew era virtualmente ocupada por fuerzas militares del ejército y gendarmería, quienes patrullaban continuamente y hacían prácticamente imposible cualquier nuevo intento de fuga. La propia Base Aeronaval de Trelew mantenía una numerosa dotación de tres mil efectivos de la Armada. Regía en toda la zona un estado de máxima alerta, todo lo cual hacía impensable reintentar otra operación de evasión.

En un clima de absoluta hermeticidad y gran tensión, la noche del 21 de agosto permanecían reunidos en la Casa de Gobierno los miembros de la Junta de Comandantes en Jefe de las tres fuerzas armadas, colaboradores y ministros. No se brindó ninguna información a los periodistas que aguardaban noticias.

Esa misma noche, a las 3:30  del 22 de agosto, en la Base Naval Almirante Zar, los 19 detenidos fueron sorpresivamente despertados y sacados de sus celdas. Según testimonios de los tres únicos reclusos sobrevivientes, mientras estaban formados y obligados a mirar hacia el piso fueron ametrallados indefensos por una patrulla a cargo del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa y del teniente Roberto Bravo, falleciendo la mayoría en el acto, y algunos heridos fueron rematados con armas cortas en el piso. Luego, al ser interrumpidos, los siete sobrevivientes son llevados a la enfermería, pero no se les presta ningún tipo de asistencia médica. Los únicos tres sobrevivientes fueron trasladados al día siguiente a Puerto Belgrano, donde fueron intervenidos.

La versión oficial del suceso indicaba que se había producido un nuevo intento de fuga, con 16 muertos y tres heridos entre los prisioneros, pero sin bajas en las filas de la Marina.

La misma noche del 22 el gobierno sancionó la ley 19.797 que prohibía toda difusión de informaciones sobre organizaciones guerrilleras. En los días sucesivos, hubo manifestaciones en las principales ciudades de la Argentina, y numerosas bombas fueron colocadas en dependencias oficiales como protesta por la matanza.

Los fallecidos fueron:
Alejandro Ulla (PRT-ERP)
Alfredo Kohon (FAR)
Ana María Villarreal de Santucho (PRT-ERP)
Carlos Alberto del Rey (PRT-ERP)
Carlos Astudillo (FAR)
Clarisa Lea Place (PRT-ERP)
Eduardo Capello (PRT-ERP)
Humberto Suárez (PRT-ERP)
Humberto Toschi (PRT-ERP)
José Ricardo Mena (PRT-ERP)
María Angélica Sabelli (Montoneros)
Mariano Pujadas (Montoneros)
Mario Emilio Delfino (PRT-ERP)
Miguel Ángel Polti (PRT-ERP)
Pedro Bonet (PRT-ERP)
Susana Lesgart (Montoneros)

Heridos que lograron sobrevivir 
Alberto Miguel Camps (FAR – Desaparecido luego en 1977)
María Antonia Berger (FAR – Desaparecida en 1979)
Ricardo René Haidar (Montoneros – Desaparecido en 1982)
El parco comunicado oficial del gobierno al respecto fue brindado a la prensa por el contralmirante Hermes Quijada, jefe del Estado Mayor conjunto, quien a los pocos meses, el 30 de abril de 1973 fue asesinado a balazos en el céntrico barrio del Congreso (ciudad de Buenos Aires) por Víctor José Fernández Palmeiro del ERP (alias “el gallego”) desde una motocicleta, quien a su vez cayó muerto por los disparos del chofer del militar.

En líneas generales, la explicación del gobierno mencionaba que al realizar el jefe de turno (capitán Luis Sosa) una recorrida de control en el alojamiento de los presos, mientras éstos se encontraban en un pasillo, fue atacado por la espalda por Mariano Pujadas, quien habría logrado sustraerle su pistola ametralladora. Escudándose en el oficial los presos intentaron evadirse, pero el marino logró liberarse y fue atacado a tiros, resultando herido.

En tal circunstancia -y siempre según los dichos del almirante- la guardia contestó el fuego contra los reclusos y se inicia así un intenso tiroteo, con los resultados conocidos: de los 19 reclusos, 16 fueron muertos y 3 heridos graves. Las obvias preguntas al respecto que realizaron los periodistas ante esta inverosímil declaración no fueron respondidas. Inclusive cuando se le preguntó si el capitán Sosa estaba realmente herido, el almirante Quijada respondió: “No puedo contestar. Es secreto de sumario”.

Responsabilidades y consecuencias
Las versiones más documentadas de los confusos episodios que derivaron en esta tragedia coinciden en que la decisión de ejecutar a los prisioneros fue tomada por las autoridades de la Armada, sin el consentimiento expreso del gobierno del presidente Lanusse, quien luego no tuvo más alternativa que asumir la responsabilidad por los hechos.

Fue muy elocuente en tal sentido el discurso pronunciado el 5 de septiembre de 1972, a pocos días de la masacre, por el entonces capitán de navío Horacio Mayorga en la misma Base Aeronaval Almirante Zar donde ocurrieron los hechos, y frente a todo el personal de esa dependencia: “No es necesario explicar nada. Debemos dejar de lado estúpidas discusiones que la Armada no tiene que esforzarse en explicar. Lo hecho bien hecho está. Se hizo lo que se tenía que hacer. No hay que disculparse porque no hay culpa. La muerte está en el plan de Dios no para castigo sino para la reflexión de muchos”.

Por parte de las organizaciones guerrilleras, existió desde el primer momento el convencimiento de que la matanza fue un hecho planificado y decidido por los máximos exponentes del gobierno, es decir, la Junta Militar. La consigna que inmediatamente adoptaron las fuerzas insurgentes luego de conocido el fusilamiento fue: La sangre derramada no será negociada. En tal sentido, durante los meses siguientes se produjeron gran cantidad de hechos de violencia en venganza por los caídos de Trelew.

Años más tarde, en una versión alternativa comentada por el brigadier Juan Carlos Rey (integrante de la mencionada Junta) al historiador Robert Potash, el entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea asegura que el lamentable suceso fue “…un atroz accidente motivado por la tensión, el miedo y el exceso de celo en la seguridad”.

En tanto en su libro “Mi testimonio”, el Gral. Lanusse ratificó la versión oficial original, haciendo mención a que el 16 de agosto le había ordenado al general Eduardo Ignacio Betti, comandante de la IX Brigada, que los detenidos fueran trasladados de la base aeronaval a la cárcel de Rawson, “por no tener la base de Trelew instalaciones adecuadas ni personal capacitado para su vigilancia”. Según el propio Lanusse, tal orden no fue cumplida, aseverando que “los trágicos hechos del 22 de agosto ponían en evidencia que mis temores habían sido lamentablemente acertados”.