Un proyecto de ley ingresado este jueves por mesa de entradas de la Cámara de Diputados de Entre Ríos promueve la adhesión de la provincia a la Ley nacional 27.260 que establece el blanqueo de capitales -formalmente denominado régimen de Sinceramiento fiscal-, de acuerdo a la información publicada en el portal digital de AIM. 

Argumentan que sin esta norma, que prevé la cobertura contra impuestos provinciales, “traería aparejada la inseguridad jurídica ante alguien que quisiera regularizar dentro del régimen nacional”.

Bajo el argumento de que quienes poseen activos ocultos “tengan la posibilidad de incorporarlos al sistema productivo y de crecimiento que tanto necesita el país”, la alianza Cambiemos impulsa en la legislatura entrerriana la adhesión de la provincia al blanqueo de capitales que aprobó el congreso nacional a pedido del presidente, Mauricio Macri, y contó con el aval del massismo, el bloque justicialista que encabeza Diego Bossio y parte del Frente Para la Victoria (FPV).

El proyecto, de autoría de la radical María Viola y que lleva la firma del resto de los integrantes de su bloque, establece que Entre Ríos adhiere a la ley nacional de Régimen de sinceramiento fiscal y programa nacional de reparación histórica para jubilados y pensionados.

De esta manera, según se determina en el segundo artículo los contribuyentes con domicilio fiscal en la provincia que adhieran al régimen de la norma en cuestión “serán liberados del pago de los impuestos de Ingresos brutos, Sellos e impuesto a la Transferencia gratuita de bienes, que tuvieran origen en los bienes y tenencia de moneda declarados en forma voluntaria y excepcional de acuerdo a dicha norma”.

En la fundamentación de la iniciativa se hace referencia a que, bajo estos lineamientos, el poder Ejecutivo nacional promulgó la ley 27.260 “con la finalidad de que se ingresen todos los activos que han permanecido ocultos a la mirada de Afip por mucho tiempo, ya sea que estén en el país o en el exterior y por ende impide la percepción de los impuestos correspondientes”.

Entre los argumentos que esgrime la autora del proyecto para impulsar la adhesión, se afirma que Entre Ríos “no está ajena a las necesidades de los recursos genuinos, por lo que debe acompañar sin dilación lo establecido en la ley 27.260” y señaló su aprobación en la legislatura provincial como condición necesaria para que prospere el blanqueo instrumentado por ley nacional: “la garantía de éxito del blanqueo dependerá de que se concrete esta adhesión, porque la no cobertura contra impuestos como Ingresos brutos o Sellos, traería aparejado la inseguridad jurídica ante alguien que quisiera regularizar dentro del régimen nacional, quedando expuesto a reclamos del fisco provincial y a la aplicación de la Ley Penal Tributaria que rige por esos tributos provinciales”.

En la defensa de la iniciativa -que en su capítulo nacional fue señalada por muchos de los críticos como “un chantaje a los jubilados”- se sostiene, por un lado, que permitiría compartir información con la Afip, lo que -aseguran- redundaría en una mejor recaudación provincial y, por el otro, que busca “garantizar con fondos del sistema previsional, que serán reforzados con los ingresos fiscales que genere el blanqueo, el desequilibrio de la caja jubilatoria provincial no transferida”.

Cómo votaron los entrerrianos en la legislatura nacional

Cuando se votó en la legislatura nacional la Ley de blanqueo de capitales, dejó en evidencia la postura monolítica de la alianza Cambiemos y la fractura política del Frente Para la Victoria, entre quienes –desde una visión pragmática- priorizan los acuerdos de gobernabilidad con la nación en función de las urgencias financieras de la provincia y quienes se mantienen, en alguna medida, leales al relato del kirchnerismo.

En Diputados, la iniciativa del macrismo contó con el voto afirmativo de Jorge D’Agostino, Marcelo Monfort, Yanina Gayol (Cambiemos); sumando el apoyo de Cristina Cremer por el massismo y de Carolina Gaillard y Lautaro Gervasoni, por el FPV.

En contra votaron el ex intendente de Paraná, Julio Solanas; Juan Huss y Jorge Barreto; todos del FPV.

En el Senado, la norma cosechó el aval de los tres representantes entrerrianos: Alfredo De Angeli (Cambiemos) y Pedro Guastavino y Sigrid Kunath (FPV).