Un juicio en el que fue condenado una docena de personas por trata de personas para explotación laboral en talleres clandestinos y el cual lograron sortearlo los principales referentes de las marcas más top y exclusivas. La sospecha siempre está en que reciben protección, y hacía allí apunta una investigación que podría comprometer al juzgado federal a cargo de Norberto Oyarbide.

Se trata de una banda de gran extensión y donde las víctimas confeccionaban prendas para marcas top como Kosiuko, Siamo Fuori, Motor Oil, Striven y Semijean, entre muchas otras. Las víctimas eran captada mediante avisos que se publicaban en Bolivia en varios medios de comunicación y luego de ser captadas eran trasladadas a la Argentina, con muy buenas promesas laborales.

En medio del juicio que concluyó día atrás se detectó una escucha telefónica que vincula al juzgado de Oyarbide con los acusados. Es de junio de 2012 y hablan intermediarios de las principales marcas bajo investigación.

Los sospechosos se identifican como Emilio y un abogado de nombre Alejandro, que se jacta de ser el nexo con el juzgado.

- Emilio:- ¿Alejandro hay alguna novedad?

- Alejandro: Tenemos novedades, en el juzgado nos dieron certeza que ustedes no van a estar más ni escuchados, ni nada, que van a tomar para otro lado y nos pidieron tiempo con el tema de la ropa, cuánto tiempo no establecieron pero nos dijeron que nos quedemos tranquilos. Que no pasa nada. Yo voy a ver si veo a las muchachos del estudio aunque esto pasó el día viernes, después que usted me mandó las cosas. O el jueves, no me acuerdo. Quiero ver si hoy martes tenemos alguna precisión más y si levantaron el secreto de sumario.

- Emilio: ¿Por qué todavía no lo han levantado?

- Alejandro: No, el viernes no estaba levantado

La escucha no es un dato aislado. Fuentes judiciales aseguraron que justamente la investigación no se dirigió hacia los empresarios, tal como "Alejandro" había asegurado en el audio registrado.

Los talleres clandestinos, en la mira de la Justicia

La causa no resultó un hecho aislado para los jueces del Tribunal Oral Federal 5, Oscar Alberto Hergott, Sergio Adrián Paduczak y Ángel Gabriel Nardiello. Ordenaron investigar el posible delito de acción pública a raíz de la constancia de esa escucha y "en razón de que la misma potencialmente involucra a funcionarios públicos".

La investigación arrojó que la banda captó al menos a 32 personas con fines de explotación laboral, entre ellas tres menores de 18 años, y eran sometidas a largas jornadas de trabajo, en condiciones inapropiadas y recibían poca alimentación en los talleres donde eran alojados o bien en otros lugares donde estaban cautivos.

En un juicio abreviado propuesto por el fiscal de juicio Horacio Azzolín, para evitar una revictimización, se condenó a 12 personas de hasta 5 años de prisión.

Años atrás, Oyarbide fue centro de la polémica porque en un fallo en el que sobreseyó a directivos de la empresa de indumentaria Soho consideró que existe un sistema de "costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del Altiplano boliviano, de donde proviene la mayoría" de los talleristas y que se trata de "un grupo humano que convive como un ayllu o comunidad familiar extensa originaria de aquella región, que funciona como una especie de cooperativa". El caso ameritó la denuncia de la agrupación La Alameda.