Basta de herencia. "Se acabó el tiempo de revisar", explican en Casa Rosada. Los cien días de Mauricio Macri al frente del Poder Ejecutivo coinciden con el inicio de un mes con una trascendental agenda judicial, político y económica que será bisagra de cara al segundo trimestre del año, crucial para las aspiraciones electorales de Cambiemos del 2017.

Las máximas inquietudes del Gobierno por estos días en el rubro económico -clave para el calendario electoral del 2017- están centradas en el control de la inflación, todavía desbocada; en el cierre final del pleito con los holdouts y en los próximos aumentos en transporte y servicios públicos, previstos para fines de esta semana o principios de la que viene. "Es el último alimento que le damos la inflación", reconoce en relación a la suba venidera de tarifas un funcionario con despacho en Casa Rosada, abocado a la traducción del relato macrista.

Existe un convencimiento generalizado en los principales despachos del primer piso de Balcarce 50 de que en los próximos meses la escalada inflacionaria debería aflojar, y que hacia el segundo semestre del año, el índice debería ajustarse a menos de dos dígitos. Es el cálculo presidencial más optimista. En ese sentido, será clave la reacción a los aumentos tarifarios, acompañados por una serie de medidas destinadas a paliar dichas subas: Macri se sulfura cuando le enrostran que su gobierno está destinado a los sectores más pudientes. Del éxito económico dependerá, indefectiblemente, la suerte del jefe de Estado en las legislativas de mediados del año próximo, test clave para el segundo tramo de la gestión del ex jefe de Gobierno porteño.

El Gobierno tiene casi listos para el próximo mes la ampliación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la firma de convenios provinciales para la puesta en marcha de centros de primera infancia y la quita del IVA a los productos de la canasta básica de alimentos, una medida que termina de analizar el ministro Alfonso Prat Gay y que fue aprobada por Macri a la ministra Carolina Stanley. Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, supervisores de la gestión gubernamental, analizan diversos proyectos de los distintos ministros. Un detalle que marca el quiebre entre la revisión de la herencia y el impulso a la gestión: por estos días terminaron de aprobarse los presupuestos del año correspondientes a cada ministerio.

Abril además se encamina a ser bisagra por el pago de los más de 12.000 millones de dólares con los que el Gobierno pretender saldar el pleito con los holdouts tras la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, que Macri confía alcanzar esta noche en el Senado. El puntapié con el cual el macrismo buscará abrirse al mercado de capitales y prever inversiones. En esa línea, las próximas semanas también serán de máxima relevancia para la gobernadora María Eugenia Vidal. A la emergencia en infraestructura que el gobierno bonaerense se apresta a aprobar en el Senado provincial, y que le permitirá agilizar mecanismos para apurar obra pública, Vidal buscará que la Legislatura saque en los treinta días que vienen la Reforma Administrativa, destinada a "desburocratizar el Estado", según un alto funcionario bonaerense. "Fundamental para empezar a gestionar como queremos", agrega.

Si bien aún no tiene fecha, el Gobierno tiene agendado reunirse en abril en Córdoba con todos los gobernadores, en el marco de la negociación por los reclamos de coparticipación provinciales que en las semanas que vienen podrían empezar a saldarse, según fuentes oficiales al tanto de dichas reuniones. A la discusión por una nueva Ley de Coparticipación, desde Casa Rosada esperan avanzar en los encuentros bilaterales planteados hace algunos días por el ministro Rogelio Frigerio con los que Macri quiere comenzar a cerrar con algunos gobernadores la modalidad de pago del 15% que reclaman las provincias en concepto de reparación y que el Estado devolvería en un plazo de cuatro años. En ese tironeo, desde el macrismo confían en la buena sintonía con los mandatarios y los suman en contra del reclamo del Frente Renovador y de un sector del sindicalismo en la elevación del piso del mínimo no imponible de Ganancias. Mientras tanto, el Gobierno ya distribuyó 23.000 millones de pesos entre las provincias.

La unión sindical es otra de los desafíos a los que el Gobierno deberá enfrentarse en las próximas semanas. Para fin de abril, y con la excusa del Día del Trabajador, Hugo Moyano, Antonio Caló y Luis Barrionuevo convocaron a una marcha, la primera señal de la reunificación gremial después de años de divisiones. El sindicalismo tiene entre ceja y ceja los aumentos paritarios, las subas en los servicios públicos y los nuevos despidos en la administración pública, previstos para estos días. Otro escollo a sortear por Macri.

El mes clave para el Gobierno, el "Superabril", tiene para colmo un cronograma judicial que el Presidente mira con intriga. La sucesión de indagatorias fijadas por la Justicia federal es abrumadora, aunque el plato fuerte será el miércoles 13 de abril con la citación de Cristina Kirchner por parte del juez Claudio Bonadio, en el marco de la investigación por supuesta defraudación en la venta del dólar a futuro durante la anterior gestión. Macri ya se desahogó en privado: ante su entorno se mostró disconforme por la decisión del juez, que calificó de apurada y desproporcionada, al menos en esa causa. Hebe de Bonafini y Martín Sabbatella, exponentes del kirchnerismo más reacio, prometieron en las últimas horas una nutrida movilización para ese día a los tribunales de Comodoro Py. En Casa Rosada oscilan entre la euforia y la incertidumbre, ambos estados de ánimo con consecuencias impredecibles.

Un día antes de la ex presidente está citado el ex ministro Axel Kicillof. El calendario judicial también estará apretado la semana siguiente: a partir del 18 de abril serán indagados Martín Báez y el resto de los protagonistas de los videos de "La Rosadita", revelado por Canal 13, en el marco de la causa denominada "la ruta del dinero K". Deberán presentarse ante el juez Sebastián Casanello, que el 26 del próximo mes escuchará a Lázaro Báez, uno de los íconos de la última década. A mediados de mes además será el turno de Héctor Capaccioli, Hernán Diez y Sebastián Gramajo -ex tesoreros del kirchnerismo- y cuatro empresarios del sector farmacéutico convocados por el juez Ariel Lijo, que investiga presunto lavado de dinero en el expediente en el que hurga en la financiación de la campaña K del 2007. Los siete debían declarar esta semana pero algunos de los abogados pidieron prórroga, aceptada por Lijo.