Casanello dejó claro que lo que investiga la causa es el delito de "lavado de dinero" y, en este sentido, afirmó que no llamará a indagatoria a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner porque "en este proceso no está involucrada".

"El video es una prueba de otro calibre. Es claramente una prueba que no teníamos y que está cambiando todo el escenario", afirmó Casanello en declaraciones formuladas esta mañana a radio La Red, en relación al video que se conoció la semana pasada y que mostraba a un grupo de personas, entre ellos Martín Báez, contando dinero en la financiera SGI, también conocida como "La Rosadita".

Agregó que "al otro día que aparecieron los videos", desde su juzgado se los pidieron al canal que los transmitió, y llamaron a indagatoria a las personas que aparecen contando dinero, por tratarse de un hecho delictivo, ya que -dijo- "no es lo mismo contar dinero en tu casa, o en un banco, que en una cueva".

"Si nosotros hicimos un llamado a indagatoria es porque consideramos que en principio esa situación tiene la sospecha de ser un hecho delictivo", aseveró el juez.


Dijo también que "es una barbaridad" que digan que demoró la causa (lleva tres años) para "proteger" a la ex presidenta, y reiteró que es juez y que "el delito" que está manejando es "lavado de dinero", donde la ex presidenta no tiene nada que ver.


El juez marcó la complejidad de la causa, y dijo que "casi no hay precedentes de lavado de dinero en Argentina", y que por ese motivo "se tuvo que recurrir a doctrina y jurisprudencia española".

Recordó que esta causa se inició por el testimonio de dos personas que se inculpan por hechos sucedidos años atrás (Federico Elaskar y Leonardo Fariña), de llevar bolsos con dinero, y señaló que en los tres años que tiene la causa "se han tomado muchos testimonios, que luego se contradicen".

Dijo también que no sabía quién proveyó el video al canal que lo transmitió, a pesar de lo cual el juzgado le otorga "validez a la prueba", y por eso llamaron a declaración indagatoria a quienes allí aparecen, y atribuyó la demora de la causa no sólo a su complejidad, sino también al Código Procesal Penal, que "es el napoleónico, de 1808".

"Nosotros no podemos salir a la calle con un anotador y buscar pruebas y anotarlas, como haría un periodista. Tenemos que basarnos en la Constitución, en el Código, y en las leyes", contrapuso Casanello.

Dijo también en defensa de la transparencia de la causa que "tiene como acusadores a la AFIP, la UIF, y a Margarita Stolbizer, por ejemplo", y preguntó: "¿Le parece que un juez puede hacer algo sospechoso donde hay tantos ojos?".

El juez Casanello confirmó esta mañana que, en el marco del expediente, solicitó información acerca eventuales cuentas, empresas y negocios de los imputados a Panamá, Estados Unidos, Belice, Suiza y Uruguay, y que "el único que respondió fue Uruguay" y lo hizo “en forma parcial”. 

Sostuvo que la falta de respuesta de los otros países “de ningún modo se debió a que los exhortos estaban mal hechos, porque estaban perfectamente confeccionados”, sino a esos países “resolvieron no contestar”. 

“Eso derivó en una protesta formal nuestra”, aseveró Casanello en declaraciones de esta mañana a radio FM Vorterix, en la que, además, consignó que “él único” país que sí respondió a su pedido de información –cursado vía exhorto a través de la Cancillería- “fue Uruguay y lo hizo de manera parcial”. 

El magistrado insistió en señalar que la causa “lleva un ritmo más que adecuado” y reiteró que se trata de un expediente “de suma complejidad”, dado que, como en todo investigación de lavado de dinero, “los lavadores se encargan de que no queden rastros, que no queden huellas” de sus movimientos. 

También reafirmó que, en el marco de los allanamientos realizados en la investigación, no había sido hallado el video que la semana pasada trascendió en los medios, en los que se ve a cuatro de los imputados contando dólares en efectivo en la ex financiera SGI, conocida como “La Rosadita”. 

Fue justamente tras la difusión de esas imágenes que el juez federal Casanello llamó a prestar declaración indagatoria en la causa a Martín Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, además de otras personas que aparecen en la filmación.