Con 252 legisladores presentes y 5 ausentes, la discusión comenzó ayer con un pedido presentado por el jefe del bloque del FpV, Héctor Recalde, para que la sesión pase a cuarto intermedio y se convoque a una consulta popular para que los argentinos decidan si aceptan el plan de pagos a los holdouts. La moción fue rechazada tras haber recibido 84 votos positivos, 164 negativos y la abstención de los 3 diputados del Frente de Izquierda.

Este lunes el macrismo había logrado garantizarse que un grupo de bloques opositores bajen al recinto tras una serie de negociaciones y cambios al proyecto original. A los 89 diputados del interbloque Cambiemos, acordaron sumarse el interbloque massista Unidos por una Nueva Alternativa (UNA), el Bloque Justicialista de Diego Bossio, los Progresistas de Hermes Binner y Margarita Stolbizer, el Frente Cívico por Santiago, los puntanos de Compromiso Federal y las tres bancas que responden a Darío Giustozzi.

Esos bloques votaron a favor del proyecto en general tras consensuar cambios sustanciales y permitieron -con la media sanción- dar el primer paso para empezar a cerrar el litigio de más de 15 años con los tenedores de bonos que se negaron a ingresar a los canjes de deuda de 2005 y 2010.

Durante el debate, el camporista Eduardo De Pedro puso en valor la política de desendeudamiento iniciada por el ex presidente Néstor Kirchner, al señalar que "permitió volver a discutir el destino de nuestro país acá, en la Argentina, en la Casa Rosada".

"Hoy tenemos la responsabilidad de dar continuidad a una política pública que funcionó, que era dejar esa política pendular en la que un gobierno viene a destrozar lo que hizo el anterior", aseveró.

Desde el PRO, en tanto, el diputado Pablo Tonelli señaló: "La deuda que queremos arreglar es una deuda reconocida en una sentencia judicial que está firme, que es insusceptible de recurso alguno y dictada en una jurisdicción extraña porque nuestro país se sometió voluntariamente a ella para dirimir los conflictos".

"La derogación de la ley cerrojo y la de pago soberano es imperativa. El gobierno ha llegado a una solución satisfactoria y razonable con los acreedores ya que es imposible no cumplir la sentencia porque significaría renunciar a tener relaciones comerciales con el mundo, a importar, a exportar y a tener la posibilidad de endeudarnos a largo plazo y a bajas tasas", agregó.