El Senado de la Nación aprobó una reforma a la Ley de Educación Superior. La modificación garantiza la gratuidad en las universidades públicas y prohíbe la posibilidad de implementar exámenes de ingreso. Además, permite flexibilizar los requisitos para que los alumnos mantengan la condición regular. 

El proyecto fue impulsado por la diputada del Frente para la Victoria Adriana Puiggrós y surgió como una modificación a la Ley de Educación Superior sancionada durante el menemismo en 1995. El principal cambio es la inclusión del artículo 2 bis, que establece la "prohibición de establecer cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa" sobre las carreras de grado en las universidades públicas. 

El texto de la norma define el ingreso a la educación universitaria como "libre e irrestricto". Los fundamentos del proyecto explican que este punto busca evitar que se restrinja el acceso a las facultades públicas vía "exámenes eliminatorios" u "otros mecanismos de exclusión". 

Esta modificación echa por tierra los "cursos de nivelación" que realizan algunas facultades y que en muchos casos generan bochazos masivos de estudiantes. 

A partir de esta reforma, cada universidad podrá definir los requisitos de regularidad de sus alumnos. Hasta ahora estaban obligados a aprobar como mínimo una materia por año -en algunos casos dos. Una vez que se reglamente la modificación sancionada en la Cámara Alta podrán definir criterios propios. 

La autora del proyecto aclaró que las facultades no podrán alegar su autonomía para evitar la aplicación de la ley. "La autonomía universitaria no quiere decir que las universidades sean extraterritoriales, sino que están bajo la Ley Nacional de Educación y bajo la Constitución Nacional", argumentó la legisladora oficialista.