Con la votación, Argentina se convirtió en el décimo país en ratificar el texto adoptado en 2018 en el distrito costarricense de Escazú por 22 países de la región. El texto -formalmente denominado por Naciones Unidas como Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe- sólo entrará en vigencia cuando obtenga la ratificación de 11 de los estados firmantes. 

"La ratificación de este instrumento era una deuda pendiente en el acceso a derechos en materia ambiental”, celebró el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, quien también destacó el compromiso de los militantes ambientalistas. La ratificación, añadió en un comunicado oficial, es "de suma importancia" porque "se trata del acceso a la información y la participación pública, y repara en el acceso a la Justicia ante determinadas circunstancias". "Con Escazú, como sucedió con la ley de cambio climático, cumplimos con una demanda muy justa y creciente de la sociedad y de los jóvenes en particular”, evaluó.

El Acuerdo "parte de la premisa de asegurar la protección del medio ambiente y los derechos humanos en un modelo de desarrollo sostenible", definió durante la sesión Eduardo Valdés, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, al abrir el debate.

"Otro objetivo fundamental es luchar contra la persecución que sufren los defensores ambientales. América latina ostenta el triste récord de haber sido la región del planeta donde en 2019 se produjeron la mayor cantidad de asesinatos de líderes ambientalistas”, definió durante el debate la diputada Brenda Austin.

La iniciativa, que el 13 de agosto había sido aprobada por el Senado, fue aprobada por los votos de 240 diputades de distintos espacios partidarios (Frente de Todos, Juntos por el Cambio, y bloques provinciales). En la votación hubo también cuatro votos en contra y dos abstenciones.

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

El tratado garantiza el acceso "a la información ambiental, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales". 

Además, propone la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Además, cada Estado debe "publicar y difundir a intervalos regulares, que no superen los cinco años, un informe nacional sobre el estado del medio ambiente". Esos informes deben tener "información sobre el estado del medio ambiente y de los recursos naturales, incluidos datos cuantitativos",  detalle de "acciones nacionales para el cumplimiento de las obligaciones legales en materia ambiental" y de "avances en la implementación de los derechos de acceso", así como de "convenios de colaboración entre los sectores público, social y privado".La ratificación obliga al Estado parte a garantizar la "participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales". Para ello, el Estado "se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional".

Los informes "deberán redactarse de manera que sean de fácil comprensión y estar accesibles al público en diferentes formatos y ser difundidos a través de medios apropiados considerando las realidades culturales". La sociedad civil, además, puede ser invitada a "realizar aportes a estos informes".