Pocas veces en la historia el Poder Judicial de la Nación Argentina estuvo tan cuestionado como hoy. Los nombres propios y de alto perfil representan a la institución, y los jueces federales figuran a la cabeza entre los más polémicos. En los últimos meses, Comodoro Py fue escenario de decisiones, fallos y acordadas -que en muchos casos tuvieron que ser modificados- y que en el largo plazo dejaron una sensación de "injusticia" o insuficiencia. La acumulación de casos da cuenta del problema estructural:

TOF 9. El Tribunal Oral Federal 9 (TOF9) tenía todo listo para comenzar a juzgar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA y la obra pública en Santa Cruz. Pero la Corte Suprema objetó el modo en el que fueron nombrados los jueces y habrá nuevo sorteo. Es que el escándalo fue mayúsculo. Ese tribunal fue designado casi a dedo, sin concurso ni acuerdo del Senado por una mayoría simple del Consejo de la Magistratura que controla Cambiemos. Así, Silvia Mora, Alejandro Noceti Achával y Alejandro Becerra, quedaron al frente del flamante tribunal en diciembre del año pasado, cuando se transformaron tribunales criminales ordinarios en tribunales federales pese a las distintas competencias. Aunque el TOF 9 no tenía el visto bueno de la Corte para trabajar, la Cámara de Casación Penal Federal lo había incluido en el sorteo de causas. Semanas antes, la defensa de CFK había reclamado que el sorteo se realizara en forma manual, pero se lo negaron. Luego pidió la participación de un perito informático de parte en el proceso para evitar "manipulaciones", aunque este planteo también fue rechazado. La Corte Suprema terminó dando marcha atrás con una maniobra polémica.

Peritos. Una pérdida de casi 7 mil millones de dólares. Ese fue el número al que arribó el perito oficial David Cohen en la causa del Gas Licuado, por la que el año pasado fueron encarcelados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y su mano derecha Roberto Baratta. Las detenciones que libró Claudio Bonadio se basaron, en gran parte, en esos informes. Meses más tarde, El 8 de marzo, la Sala I de la Cámara Federal dictó la falta de mérito para De Vido, Baratta y otras 22 personas que habían sido procesadas. El tribunal sostuvo que los procesamientos se basaron en el peritaje de Cohen. "Contradicciones, olvidos, confusiones…Esos son los déficits del peritaje elaborado por quien debía ser un experto en la materia. Evidentemente tales conceptos están muy alejados de la demostración de pericia en su actuar", sostuvo el camarista Jorge Ballestero en los fundamentos de su voto. "Muchos de los pasajes del informe de David Cohen eran copia literal de diferentes documentos obtenidos de Internet (...) me refiero a páginas de libre acceso y consulta, dirigidas al público en general, con el rigor académico que ello supone", agregó. Ahora el juez Sebastián Ramos lo citó a indagatoria a Cohen el 27 de marzo. La defensa de Baratta denunció al funcionario por falso testimonio por el método deficiente e irregular que utilizó para el peritaje. Ya el año pasado, la fiscal Paloma Ochoa ordenó investigar a Cohen por utilizar un método "deficiente" para calcular los precios del gas licuado y por haber utilizado información de sitios webs de internet que luego falseó.

Indalo. Un cambio de caratula que significó la mejor noticia de todas para la defensa de Cristóbal López y su socio, Fabián De Sousa. La Cámara Federal porteña los excarceló por considerar que su libertad no pone en riesgo la investigación contra el ex Grupo Indalo. Ese tribunal sostuvo que el intento de venta de las empresas por parte de López no implicó una obstrucción a la causa penal y que el delito por el que debe investigarse a los procesados es "apropiación indebida de tributos" y no "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública". El cambio de carátula significa que tanto López como su socio, Fabián De Sousa, deberán rendir cuentas por evasión ante la Justicia Penal Tributaria, lo que podría permitir a los empresarios solicitar la adhesión a una moratoria. Ricardo Gil Lavedra, abogado de la AFIP en la causa, ya avisó que el organismo apelará la decisión: "Me sorprendió la decisión de los jueces porque era innecesaria. La Cámara de Casación ya había decidido, una de las cosas era porque se hizo la negociación desde la AFIP, además porque tiene relación con otras causas. Siento que fue una decisión equivocada e innecesaria", resumió.

Lijo. Primeros días de noviembre de 2017. Reunión entre el presidente Mauricio Macri, Daniel Angelici, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y el ministro de Justicia, Germán Garavano. ¿El motivo? La situación de "los hermanos Lijo", el juez federal Ariel y su hermano Alfredo -operador en Comodoro Py-, que estaban a punto de ser citados a declarar en el Consejo de la Magistratura. "Yo lo conozco, tengo muy buena relación. Siempre jugó bien", afirmó Angelici, según publicó La Nación. Tras el almuerzo, los LIjo pudieron respirar. Alfredo había evitado una citación que complicaría el futuro de su hermano. Para que ninguno se relaje, en los últimos días el Consejo volvió a la carga y pidió información sobre propiedades y un haras en Dolores que posee "Freddy". Entre otras cuestiones, Lijo había detenido el pasado 3 de noviembre a Amado Boudou sin siquierla haberlo procesado en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito. "No entendemos este supuesto favor que quiso hacer el juez, fue una locura", se sinceró un miembro de la Jefatura de Gabinete horas después de aquella decisión ante PERFIL. Cuando fue liberado, los camaristas Farah y Pociello Argerich fueron duros con el juez al señalar que la medida no estuvo justificada. Farah directamente sostuvo que las fundamentaciones de las detenciones no tienen "respaldo alguno" y que el magistrado tuvo una "intempestiva variación" en una causa que de enriquecimiento ilícito le sumó los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita "a un ritmo carente de dinamismo".

Arribas. La causa más rápida de todas. En tan solo unos meses, el juez Rodolfo Canicoba Corral salvó al titular de la AFI, Gustavo Arribas, por las coimas de Odebrecht. El juez actuó sin pausa y terminó siendo un salvavidas que llegó justo a tiempo. Es que el cambista Leonardo Meirelles, lo señaló como valijero y dijo que recibió más de 500 mil dólares a través de transferencias que eran para el pago de coimas. Carlos Pagni, en La Nación, publicó días atrás: "Dicen en los tribunales que el juez Rodolfo Canicoba Corral le dijo: 'Yo lo puedo ayudar. Deme la explicación que quiera. Pero que sea una sola'".

Bonadio. El exsecretario de Interpol, Ronald Noble, se encargó de repetir una y otra vez que jamás recibió el pedido de Argentina para levantar las alertas rojas sobre los iraníes acusados de ser autores ideológicos del atentado contra la AMIA. El juez federal Claudio Bonadio ni siquiera quiso escucharlo en Comodoro Py. Noble pidió declarar pero para el magistrado su argumento no era importante. La investigación ya se cerró y este año comenzaría el juicio oral contra Cristina Kirchner y el excanciller Héctor Timerman, entre otros exfuncionarios

AMIA. Los abogados de la Unidad AMIA, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a cargo de Germán Garavano, dieron un giro de 180 grados cuando no solicitaron penas para los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia en la causa por el encubrimiento del atentado contra la mutual judía. “No se ha podido arribar a una plena convicción de su participación en los hechos", sostuvo en su alegato el abogado José Console, uno de los letrados de la Unidad. La decisión sorprendió tanto que la propia Elisa Carrió acusó al ministro de estar detrás de la maniobra y el caso podría llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Quien se quejó, pero por lo bajo, fue Mario Cimadevilla, el radical a cargo de la Unidad. Su silencio hizo que el gobierno avanzara aún más y lo apartaron del cargo.

Represor. La Cámara Federal de Casación Penal revocó la resolución del Tribunal Oral Federal 6 que el 27 de diciembre le había otorgado el arresto domiciliario al Miguel Etchecolatz. El represor acumula tres condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. En su voto, el juez Gustavo Hornos dijo que sus colegas hicieron “una irrazonable y arbitraria valoración” de los informes del Cuerpo Médico Forense. Ese órgano había dicho que el expolicía de 88 años estaba en condiciones de seguir en una unidad penitenciaria con “la debida atención, tratamientos y controles” que sus patologías demandan. Por su parte, la representante del Ministerio Público Fiscal cuestionó al TOF 6 por su “arbitrariedad y falta de fundamentación” y advirtió sobre “la gravedad institucional” que implica poner en juego “la responsabilidad internacional del Estado Argentino”.