En la causa la senadora está procesada por fraude en la obra pública y embargada en 10.000 millones de pesos, y otros 19 imputados van a juicio oral y público, entre ellos, el empresario Lázaro Báez; el detenido Carlos Kirchner; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; y el exsecretario de Obras Públicas José López.

Semanas atrás, tanto la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita como la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera requrieron que la causa pase a juicio y ahora es el turno de opinar de las defensas por si se oponen o no.

Fernández de Kirchner a través de su abogado dijo que los requerimientos del fiscal y las querellas, "encierran y consolidan aún más todos los vicios y arbitrariedades que fueron puntualizados por mi parte a través de las presentaciones oportunamente deducidas, algunas de las cuales, incluso aún no han sido resueltas por auto firme". En ese sentido, anunció el letrado que todos los cuestionamientos contra la acusación lo hará en instancia de juicio oral y público.

"Se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos", sostuvieron los fiscales en el requerimiento de juicio.

"Santa Cruz lejos de ser beneficiaria de una legítima política del gobierno federal, fue el escenario escogido para el obrar mancomunado ilegal de un grupo de funcionarios que comandados por los titulares del Poder Ejecutivo Nacional, utilizaron la propia burocracia estatal para proveer los fondos a dicha provincia, para que una vez allí, llegara a manos de Lázaro Báez", subrayaron los fiscales, para la que el 80 por ciento de la obra pública en esa provincia quedó en poder de ese empresario.