El gobierno nacional les propuso a los gobernadores coparticipar el 100 por ciento del impuesto a las Ganancias, efectuando un reparto entre todas las arcas provinciales. El objetivo es paliar el efecto negativo que supondría tanto la concesión a la Provincia de Buenos Aires del Fondo del Conurbano como la baja de ingresos brutos. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que la “compensación” implicaría en los hechos una nueva merma en los recursos de la Anses dado que actualmente una porción de sus ingresos dependen del 20 por ciento del impuesto a las Ganancias. A esa perdida se le sumará la rebaja de contribuciones patronales. Es por eso que además se impulsa un recorte en las jubilaciones y pensiones. De este modo, serán los jubilados y pensionados los que financien el Fondo del Conurbano y la baja de las contribuciones patronales. 

En la actualidad, el impuesto a las Ganancias se coparticipa en un 64 por ciento. Del 36 por ciento restante, ahora reciben 2 por ciento a Ministerio del Interior, 4 las provincias sin Buenos Aires, 10 la Provincia de Buenos Aires con un tope de 650 millones de pesos y 20 por ciento a Anses. El porcentaje correspondiente a la Provincia de Buenos Aires queda limitado a sólo 650 millones por lo que ese 10 por ciento en la práctica resulta “repartible” entre el resto de los rubros. 

El Impuesto a las Ganancias estimado es de 557 mil millones de pesos. Eso significa que el 20 por ciento que pierde Anses alcanza los 111 mil millones. Adicionalmente, Anses perderá el año próximo 3 puntos de lo determinado por la Corte sobre el monto que actualmente resulta coparticipable. Esto alcanza los 12 mil millones de pesos adicionales (3 puntos sobre 407.165 millones de pesos, lo que resulta en 12.215 millones de pesos).

A su vez, la propuesta del Gobierno establece un mínimo no imponible por trabajador que se actualizará por IPC Indec y que arranca en 2.300 pesos en 2018 y termina en 11.500 pesos en 2022. Este es el eje central del recorte de contribuciones. Conjuntamente, se reducirían progresivamente las alícuotas de la actividad de servicios del 21 por ciento en 2018, medio punto por año hasta llegar al 19 por ciento, mientras que para resto de actividades la alícuota arranca en 17 por ciento y se incrementa medio punto por año hasta llegar al 19 por ciento. En 2022 se unifican en 19 por ciento. El informe de CEPA remarca que las contribuciones representan aproximadamente 371.457 millones de pesos, y en 2018, aplicando el mínimo no imponible y una inflación estimada del 1 por ciento mensual, se reducirían a 274.452 millones de pesos. Por lo tanto, se perderían 42.915 millones de pesos.

Sumados los 111.497 millones que Anses perderá por Ganancias, los 12.215 que le restará el fallo de la Corte que favoreció a las Provincias y los 42.915 que se irán por la baja de contribuciones patronales, el total que dejará de percibir es de 166.627 millones. El Gobierno propuso compensar la merma de recaudación destinando el 100 por ciento del Impuesto a Créditos y Débitos para el Anses (hoy alcanza el 70 por ciento). Esto significaría un ingreso adicional de 51.671 millones de pesos. Por lo tanto, igual Anses perderá 114.956 millones. Es por eso que la reforma fiscal va de la mano de una reforma en el modo de calcular el haber previsional que le restaría a jubilados y pensionados más de 100 mil millones. 

“Al observar el conjunto de reformas propuestas por Cambiemos es posible confirmar que son los jubilados, los beneficiarios de la AUH y quienes perciben las asignaciones familiares, los que financiarán el Fondo del Conurbano y compensarán a las provincias por la pérdida de ingresos resultante de las modificaciones del Impuesto a los Ingresos Brutos. Asimismo, serán los jubilados, los beneficiarios de la AUH y quienes perciben las asignaciones familiares quienes financiarán la reducción de Contribuciones de las empresas”, concluye el informe de CEPA firmado por Hernán Letcher y Julia Strada. A su vez, la promesa oficial es eliminar el impuesto al cheque. Por lo tanto, el agujero que se producirá en los recursos de la Anses podría ser todavía mayor. Eso deja abierta la puerta para que la próxima reforma previsional apunte a un recorte todavía mayor de las jubilaciones y las pensiones con el argumento de que el sistema no es sustentable.