"Es grave que tengamos este tipo de noticias", lamentó la legisladora del Frente Renovador respecto de las revelaciones sobre Caputo y Aranguren y advirtió que "no es cierto que las cuentas off shore no estén vinculadas a ningún delito". "Este Gobierno relativiza el crimen económico, porque allí se ocultan intereses de muchos funcionarios y del sector más paradigmático que representa a este Gobierno: el sector del poder económico de las Argentina", aseguró Camaño en diálogo con radio Futurock.  

Camaño se mostró de acuerdo con "ampliar los conceptos para que aquellos que tienen poder puedan ser castigados" y coincidió con los argumentos del camarista Martín Irurzun, acerca del fallo de la Sala 2 de la Cámara Federal que habilitó la detención preventiva de De Vido y Boudou.  

"Desde la reforma de 1994, la Constitución incorporó un artículo muy interesante que considera como infame traidores a la patria a aquellos que contribuyen o están involucrados o son protagonistas de gobiernos de facto, y también a los que comenten corrupción" subrayó, y agregó que en esa reforma también se incorporaron tratados internacionales contra la corrupción.  

En ese tono, Camaño advirtió que "están más que justificadas las actitudes de los jueces", pero que "obviamente" se debe aplicar sin distinciones. "Para quienes actualmente son funcionarios públicos y para quienes lo serán, les es aplicable esta interpretación que ha hecho la Cámara", subrayó.  

Aunque la titular del bloque del FR no pidió las renuncias de los funcionarios implicados en los Paradise Papers, consideró que "lo leal sería que con la misma deligencia con que fueron investigados Boudou y De Vido, se investigue a Caputo y a un personaje que permanece oscuro, que es el ministro de Energía".

"Me resulta increíble todas las irregularidades que ha cometido desde el principio, siendo ex funcionario de Shell, una empresa que ha sido muy favorecida por este Gobierno", denunció Camaño en referencia a Aranguren, y calificó de una "tomada de pelo" la actitud de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, quien le solicitó al ministro que se deshiciera de sus acciones en la petrolera angloholandesa. 

"Yo no creo que se haya desecho de esas acciones en nombre de la democracia. La ley de ética pública no dice que se asume y después se deshace de las acciones; la ley dice que no puede ser proveedor o funcionario de una empresa proveedora del Estado en los tres años previos y hasta tres años después del ejercicio de su función pública", denunció Camaño, quien agregó: "Es el caso más paradigmático de la visión ética que tiene el Gobierno".

Respecto de Caputo, la legisladora recordó irónicamente que con la llegada de "la liga de luchadores contra la corrupción", en referencia a la alianza Cambiemos, la Anses dejó de comprar bonos directamente al Banco Central y comenzó a realizar las compras a través de intermediarios, como la firma Axis, "empresa que (Caputo) tuvo hasta el día anterior a asumir".

"Por esto hay una causa penal, y por eso debería estar preso (Caputo), siguiendo el criterio del doctor Irurzun, porque si hay alguien que tiene influencia para torcer e inmiscuirse en la causa es el funcionario actual. Éstas son las cosas que suceden y que no deberían suceder en la justicia argentina".