En un dictamen acusatorio presentado este martes ante el juez federal Luis Rodríguez, el fiscal incluyó a otros 23 investigados, entre ellos al ex segundo de De Vido en Planificación, Roberto Baratta, al ex secretario de Minería desde 2002 y 2015 Jorge Mayoral, y al actual intendente de la ciudad santacruceña de Río Turbio y ex interventor de YCRT, Atanacio Pérez Osuna, según el escrito de 67 carillas.

Sobre De Vido, el fiscal sostuvo que por su puesto era "garante" de la transparencia en el uso de fondos públicos, por lo cual "difícilmente pueda ignorar los perjuicios a los intereses por el administrados".

Los funcionarios del Ministerio de Planificación "tenían acabado y pleno conocimiento del estado de las obras en ejecución y de los convenios suscribían". 

El fiscal pidió al juez Rodríguez la indagatoria y la detención de todos los imputados y, en el caso del ex ministro Julio De Vido, el pedido de desafuero que debe ser hecho al Congreso Nacional de manera posterior a la indagatoria, que permita ordenar su prisión. Rodríguez analizará el dictamen y resolverá si hace lugar o no a los pedidos del fiscal.

Stornelli sostuvo que hubo maniobras por defraudación a la administración pública superiores a los 26 millones de pesos que "no habrían podido prosperar sin el silencio de los ex funcionarios del Ministerio de Planificación y de la ex secretaría de Minería de la Nación", quienes -indicó- estaban "obligados a velar por el fiel cumplimiento de las normas de obra pública".

"Habré de atribuirles a los funcionarios de YCRT  el haber defraudado de modo efectivo y al 28 de enero de 2016 al Estado Nacional por un monto cercano a los 264.935.123 pesos desviándolos a la regional Santa Cruz de la UTN y a la Fundación creada allí", acusó también el fiscal.

Stornelli pidió además indagar a  Jaime Álvarez, ex coordinador general de la cartera de Planificación que encabezó Julio De Vido entre 2003 y 2015 y también a las autoridades nacionales y regionales de la UTN y de la Fundación creada para firmar los convenios por YCRT.

El fiscal consideró que hay pruebas contra los acusados y reclamó las detenciones por la "gravedad del delito".

Los millonarios fondos estaban destinados a reconvertir la mina de Río Turbio, algo que no sucedió y a la construcción de un tren que costó 400 millones de pesos que también se cuestiona.

Los contratos y convenios fueron celebrados entre el Ministerio de Planificación y Yacimientos Carboníferos de Rio Turbio con las Municipalidades de Rio Gallegos y Rio Turbio de la provincia de Santa Cruz y de la Facultad Regional de Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional.

Por ejemplo, se investiga fraude en el convenio macro "Puesta en valor del ramal ferroviario denominado Eva Perón" y el intento de construcción del "Tren histórico Eva Perón".

Además se cuestiona el uso dado al presupuesto para reconvertir el yacimiento que habría debido estar en condiciones de producir "dos millones de toneladas anuales para 2010 de carbón pero para 2015 produjo 48 mil toneladas" y la firma de distintos convenios para tal fin con la Fundación creada en la UTN.

"Hay motivos suficientes para presumir la existencia de un acuerdo tácito entre los funcionarios  para sortear las exigencias administrativas en materia de contrataciones públicas entre 2008 y 2015" y para ello se firmó un "convenio macro" con la Fundación creada en la UTN que permitió la contratación directa con YCRT evitando el llamado a licitaciones públicas.

Así "hubo un encarecimiento de bienes y servicios adquiridos por el Estado Nacional en un 21 por ciento por gastos en comisiones" debido a que la facultad tercerizó servicios.

Sobre los responsables de la Universidad con pedido de indagatoria, el fiscal advirtió que pusieron a esa "alta casa de estudios al reprobable servicio de una triangulación de operaciones con el objeto de eludir la normativa de contrataciones públicas , convirtiendo a la Facultad en una suerte de intermediario y cliente exclusivo de YCRT".