El empresario confirmó, así, la operatoria delictual que desplegó su compañía en el país, al reconocer que las siglas "DGI" que aparecen en múltiples documentos internos de la constructora no aludían a la Dirección General Impositiva local, sino que eran un eufemismo para esconder los pagos de coimas. Anotar "DGI" en un memo, explicó Odebrecht a sus interrogadores, implicaba haber asumido "compromisos políticos", afrontar "favores", "contribuciones", "pagos a agentes públicos", "donaciones" u otros rubros ilícitos que terminaban incorporándose a los costos finales de cada contrato. Así lo revelan documentos que analizó La Nación como parte de un proyecto periodístico colaborativo regional liderado por el equipo peruano IDL Reporteros. Marcelo Odebrecht no aportó los nombres de quienes recibieron esos pagos ilegales en la Argentina, y tampoco los montos. Aclaró a sus interrogadores que él "delegaba mucho" cuando se trataba de operaciones en el exterior. Pero otros ejecutivos de la compañía que también se acogieron al régimen de delación premiada aportaron algunas piezas faltantes del rompecabezas hasta redondear una cifra cercana a 20 millones de dólares para quedarse con el contrato para soterrar el Sarmiento, en pleno kirchnerismo. Condenado a 19 años y 4 meses de prisión por el juez federal brasileño Sergio Moro, Marcelo Odebrecht también aludió a la imposición de ciertos "socios locales" por parte del gobierno kirchnerista como condición ineludible para pujar con chances por contratos millonarios. En algunos países, explicó el ahora delator premiado, las empresas estaban "obligadas" a recurrir a socios locales. Y señaló a la Argentina, en particular, como un territorio donde esa práctica y la contratación de lobbistas eran indispensables. Esas firmas y esos operadores locales, dijo, tenían los "accesos políticos" y los contactos para canalizar cualquier pedido. Para disputar el proyecto del soterramiento del Sarmiento, la constructora brasileña conformó un consorcio con otras tres empresas -la argentina Iecsa, la italiana Ghella y la española Comsa-, mientras que para otros proyectos recurrió a la constructora Esuco, de Carlos Wagner, y a la firma BTU, de Carlos Mundin. No sólo eso. La constructora también debió contratar los supuestos "servicios de consultoría" de Jorge "Corcho" Rodríguez. Y el propio Odebrecht, según reconstruyó La Nación, identificó a la Argentina, junto a Colombia y a República Dominicana, entre los países donde más peso tenían y tienen esos operadores. En el caso del soterramiento del Sarmiento, Odebrecht lidió con tres equipos de interlocutores distintos al operar con Iecsa. Porque la constructora funcionó hasta 2007 bajo el control de Franco Macri y desde entonces quedó en manos de su sobrino, Ángelo Calcaterra, primo del por entonces flamante jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. Pero a partir de marzo de este año, ya con Macri como presidente y con el capítulo local del Lava Jato en ciernes, Iecsa cambió otra vez de dueño. Marcelo Mindlin tomó el control de la compañía con una condición: armar un "fondo de contingencia" -una reserva sobre el precio total de venta- que le permita afrontar las eventuales multas y penalidades que las autoridades argentinas puedan imponerle si se verificaran esas coimas. ¿Cómo habría sido la operatoria delictual por el soterramiento del Sarmiento? Al confesar sus crímenes, Odebrecht explicó que las siglas "DGI" no eran más que un rubro de la "Caixa 2", la frase con la que en su país se conoce al dinero negro que mueven las empresas brasileñas por fuera de sus balances para pagar coimas y financiar campañas electorales. Otro protagonista del lado más oscuro de la compañía, Hilberto Mascarenhas, incluso detalló a los investigadores los porcentajes que, por lo general, se consideraban habituales para ese rubro "DGI". Entre el cinco y el ocho por ciento, dijo, "dependiendo de las negociaciones", aunque ese valor se redujo, en ciertas operaciones específicas, al tres por ciento. En el caso del soterramiento del Sarmiento, en tanto, las coimas se pagaron en la Argentina, pero también en Brasil, para destrabar el financiamiento. Le pagaron 15 millones de reales (cinco millones de dólares al tipo de cambio actual) al entonces ministro de Desenvolvimiento, Industria y Comercio Exterior brasileño, Fernando Pimentel, según confesó el ex ejecutivo de Odebrecht Joao Carlos Mariz Nogueira -hoy uno de los delatores premiados- y publicó ayer el diario Perfil. Ése y otros desembolsos ilegales, explicaron los investigadores brasileños en uno de los documentos del Lava Jato que ya fueron desclasificados, se autorizaban con un único objetivo: obtener "ventajas indebidas" para el emporio Odebrecht. Y fueron "ejecutados por el sector de operaciones estructuradas", y reafirmaron que esos "pagos se realizaban e incluso eran autorizados por Marcelo Bahía Odebrecht". Pero el heredero del imperio que lleva su apellido no fue el único que vinculó las siglas "DGI" con el pago de coimas. Al referirse a la Argentina, al menos dos ejecutivos de la división de operaciones estructuradas -el lado oscuro de la compañía-, Mauricio Couri Ribeiro y Fernando Migliaccio, también aludieron a pagos ilegales, de manera específica por el soterramiento del Sarmiento, en mails que recuperaron los investigadores. En uno de esos correos, por ejemplo, Couri Ribeiro aludió a su reunión de junio de 2010 con un ingeniero, Héctor Javier Sánchez Caballero, uno de los máximos directivos de Iecsa, para debatir el supuesto pago de sobornos, según reveló el diario brasileño Estadao el 17 de febrero. Lugarteniente de Calcaterra en Iecsa durante años, Sánchez Caballero actuó como director titular de la constructora hasta el 16 de marzo, cuando Mindlin ingresó a la empresa, la rebautizó Sacde (Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico SA) y reemplazó todo el directorio por gente de su confianza. Ahora, cuando le resta un mes para cumplir 62 años, Sánchez Caballero continúa cerca de Calcaterra y presta servicios de asesoramiento al equipo de Mindlin mientras completan la transición. Y les dice a sus íntimos que él nada sabe de pagos de sobornos y que, al menos delante de él, "nunca se habló de eso", según reconstruyó LA NACION. Odebrecht dio otra versión durante su confesión. Planteó que a menudo eran los socios locales los que se encargaban de canalizar las "contribuciones políticas", ya fueran lícitas o ilícitas. Apoyado en fuentes de la Policía Federal brasileña, Estadao aportó más datos sobre la operatoria de Odebrecht en la Argentina. Reveló la aparición de "al menos cinco mensajes relacionados con el pago de sobornos para las obras del tren Sarmiento", siempre enmarcados bajo el eufemismo de las siglas "DGI". Así, en otro de los correos electrónicos de Couri Ribeiro -titulado "Reunión Sarmiento"- que recuperó la Policía Federal brasileña, el ejecutivo consignó la existencia de tres sumas distintas que asoció a "DGI". ¿Suma total? US$ 20 millones. La Policía Federal brasileña también detectó un intercambio de correos entre Couri Ribeiro y Migliaccio, en los que aludían a distintas transferencias bancarias que se canalizaron en el exterior por el proyecto del Sarmiento. Algunas de ellas con el operador Manuel Vázquez, testaferro del entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime.