El encuentro de la Comisión Técnica Salarial se llevará a cabo el lunes a las 17 en la sede del ministerio de Economía bonaerense en La Plata.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense, que integran Suteba, FEB, UDA, Sadop, Amet y Udocba, rechazó la última propuesta de incremento salarial, que consistió en 20% pagadero 11% en abril y 9% en septiembre, con cláusula gatillo por inflación e incremento de 750 a 1.500 pesos en la suma no remunerativa por cargo como compensación por la pérdida del poder adquisitivo de 2016, con un máximo de 2.500 pesos.

Asimismo, organizó jornadas de protesta, pero no paros, para exigir al gobierno que conduce Vidal respuesta a “las justas demandas” salariales de los maestros, y advirtió que no iba a firmar “una pauta a la baja”.

El gobierno provincial optó, en tanto, por reuniones informales con los gremios y dispuso el pago de un incentivo de 1.000 pesos para los maestros que no adhirieron a los paros y de dos aumentos remunerativos de entre 1.000 y 2.500 pesos a cuenta de los futuros incrementos que se acuerden en paritarias.

Por su parte, la Cámara de Apelaciones Contenciosa Administrativa platense habilitó al gobierno bonaerense para aplicar descuentos o pagar incentivos, tras revocar el fallo de primera instancia que le impedía tomar medidas que restrinjan o limiten la libertad de los docentes para adherir a paros.

Fuentes judiciales informaron que los jueces Gustavo De Santis, Claudia Milanta y Gustavo Spacarotel hicieron lugar a los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía de Estado contra el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo 2 de La Plata.

La sentencia de abril obligó al gobierno a “abstenerse” de aplicar descuentos por paros y, en caso de haberse efectivizado, a devolver el dinero “inmediatamente” a los maestros.

Asimismo, exhortó a las partes a “llegar a un acuerdo” en un plazo de 30 días y ordenó al Estado pagar los sueldos con la última oferta y a los gremios “que no realicen ninguna forma de protesta que implique la pérdida de días de clases”.

El 16 de mayo, la Cámara aceptó una apelación de la Fiscalía de Estado y le dio “efecto suspensivo” a la resolución de primera instancia, dejándola sin aplicación mientras se analizaba la cuestión de fondo, que ahora fue resuelta.

En la revocatoria con fecha de ayer, pero conocida hoy, los camaristas subrayaron que “lo expuesto resulta suficiente para concluir que la pretensión cautelar de la parte actora no queda abastecida, al menos en esta etapa preliminar, de la evidencia necesaria que haga verosímil a su derecho”.

“La ausencia del referido recaudo de la verosimilitud en el derecho, también se avizora en relación a la gratificación”, agregó en relación con los 1.000 pesos que la administración de Vidal dispuso pagar para los maestros que no se plegaron a los paros.

En ese sentido, los jueces sostuvieron que “no se advierte, en un análisis preliminar de la cuestión propia de esta etapa procesal, de qué manera se estaría vulnerando, a través de la misma, la posibilidad que tienen los actores de llevar o no adelante su derecho constitucional de huelga”.