La jueza Marina Barbagelata procesó a ex empleados del organismo recaudador, empresarios y contadores por un desfalco de alrededor de 50 millones de pesos a través del mecanismo de compensaciones de impuestos. La magistrada destacó en su resolución –a la que accedió Página Judicial– que la maniobra se orquestó en el interior de la ATER y que no involucró a otras áreas del Estado. Quiénes son los involucrados.

La jueza Marina Barbagelata procesó a 128 personas entre ex empleados de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), un ex funcionario, empresarios y contadores por el millonario desfalco a través del mecanismo de compensaciones.

En el listado se encuentran los ex empleados de ATER Estrella Martínez de Yankelevich, Abelardo Daniel Gaggión, Darío Fabián Barreto, Fabrizio Dayub, Daniela Miño, Julio Schmukler, Luis Alfredo Speroni y Carlos Arnoldo Sagasti; el ex tesorero general de la provincia, Gustavo Gioria; los empresarios Néstor Iván Szczech, Guillermo Derudder, Javier Andrés Germanier (Flecha Bus), Hernán Burna, Miguel Galuccio y Miguel Artemio Waigel, entre otros. La magistrada les imputó los delitos de simulación dolosa de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho y fraude contra la administración pública, según el caso; y les trabó embargos por sumas que van desde los 30 mil hasta 100 mil pesos.

En tanto, otros 52 imputados fueron sobreseídos y se determinó que no había responsabilidad en el accionar de un grupo de empresas; y el Ministerio Público Fiscal decidió no sostener la acusación respecto de aquellos contribuyentes que compensaron fraudulentamente deudas por un monto inferior a 15 mil pesos.

En un fallo de casi dos mil páginas –al que accedió Página Judicial–, la jueza Barbagelata sostuvo que “dentro del organismo recaudador de la provincia de Entre Ríos había un grupo de empleados (…) que con la omisión connivente de Gustavo Alejandro Gioria, tesorero general de la provincia, registraban fraudulentamente como pagadas, en el sistema informático del fisco provincial, deudas tributarias impagas de ciertos contribuyentes, simulando su pago por compensación, como si el contribuyente hubiese sido titular de un crédito líquido y exigible contra el Estado”.

La jueza resaltó además que los contribuyentes a favor de quienes se registraron los pagos simulados “no sólo no eran proveedores del Estado –con lo que mal podrían tener una acreencia propia– sino que tampoco eran cesionarios de créditos fiscales de terceros”.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada en 2014 por el entonces director ejecutivo de la ATER, Marcelo Casaretto, dando cuenta de un fraude a través del sistema de compensaciones de impuestos en el período 2012-2014; pero luego los ex diputados María Emma Bargagna y Jorge Monge solicitaron que se investiguen irregularidades en los períodos 2004-2007 y 2008-2011.

El monto de la estafa se estima en unos 50 millones de pesos.
 

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