Si bien las críticas por las condiciones laborales vienen de larga data, los reclamos se acentuaron luego del cambio de gestión debido a al menos dos decisiones: la reducción de suplencias y la determinación de no renovar algunos contratos.

“Se recortaron 40 cupos de suplencias y se dieron de baja alrededor de cinco contratos, lo que implica una mayor carga laboral para quienes seguimos desempeñándonos en el organismo”, indicaron algunos de los empleados.

“Hay recortes en las partidas, el nivel de exigencia hacia los trabajadores cada vez es mayor, las condiciones laborales son deplorables, hay faltante de vehículos disponibles y tenemos que poner nuestros propios autos para realizar las visitas en los distintos barrios”, cuestionaron.

Otra de las falencias que sobresale es que las residencias ya no tienen más lugares para recibir a niños y jóvenes que necesitan ser contenidos: “Es enorme la cantidad de trabas que hay a la hora de que alguien pueda ingresar a una comunidad terapéutica”.

Advirtieron que la crisis económica acentuó la problemática social y que es cada vez mayor la cantidad de jóvenes que requieren que el Estado esté presente: “No hay lugar y estamos alarmados porque hay gente que necesita medidas de protección urgente, ya que afuera son un peligro para sí mismos y para terceros”.

En este contexto de crisis y mayor demanda “es inviable” que recorten personal: “Al contrario, necesitamos a muchos más profesionales para poder contener todas las demandas”.

“Algunos  servicios de protección de derechos de Paraná tienen 1.600 situaciones y para atenderlas hay menos de 10 profesionales: es imposible que una persona atienda más de 160 situaciones”, enfatizaron.

Cabe destacar que Clarisa Sack, que preside el Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, se reunió oportunamente con los dos gremios que nuclean al personal estatal: la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN).

• Proyecto paralizado

Finalmente, recordaron que siguen a la espera de la sanción de la Ley de Protección integral de los Derechos de las Niñeces  y Adolescencias: el proyecto del Ejecutivo fue aprobado hace siete meses (el 6 de septiembre pasado) por la Cámara de Senadores, pero quedó cajoneado en la Cámara de Diputados.

La iniciativa implica una respuesta a la necesidad de contar con una normativa actualizada y acorde a los estándares internacionales en materia de protección de los derechos de la niñez y adolescencia.

El proyecto plantea modificar la actual denominación del organismo de protección nombrándolo como Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Entre Ríos, manteniendo su naturaleza jurídica como ente autárquico, y las atribuciones que ello conlleva, con dependencia directa del Ejecutivo provincial.

Con esta modificación también se pretende jerarquizar las condiciones laborales de los trabajadores de la niñez, reconociendo la especificidad de las tareas que llevan adelante.

Por otra parte, propone la creación y regulación de la figura de la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes, como un organismo independiente e imparcial que vele por supervisar la existencia de programas, servicios y organismos que garanticen el acceso a derechos y el ejercicio efectivo de los mismos. (APFDigital)