De acuerdo con lo que la propia Carrió había anticipado el viernes último, Rafecas concluyó que las denuncias tuvieron una “base espuria y francamente escandalosa”. Por eso, “no pueden ser consideradas como un instrumento legítimo, pues en verdad se ha demostrado que no responden a alertar a la autoridad acerca de un hecho ilícito, sino más bien a una maniobra presuntamente fraudulenta destinada a generar un estado de sospecha, en este caso respecto de una funcionaria pública”.

En su resolución, el magistrado hizo constar que el denunciante, Saúl Enrique Paz, declaró bajo juramento de verdad que había cobrado 1.500 pesos por presentar la acusación, sin haberla leído, y que lo hizo porque estaba desocupado. Además, Paz declaró que fue trasladado en auto a Comodoro Py 2002 por un hombre al que identificó como Alan González, tras pasarlo a buscar por su casa en Derqui.

Paz, de 28 años, fue contactado por un conocido de su barrio y le ofreció el dinero: “Yo no sé ni lo que dice eso”, declaró ante Rafecas, respecto de la denuncia que firmó.

“Me pagaba por la firma”.

“A mí una persona a quien conocí jugando al fútbol en la cancha del barrio, de nombre Alan González, de nacionalidad peruana, me pidió que saliera de testigo”.

La denuncia contra Carrió no habría sido el único “trabajo” de Paz con el peruano González. 

“Me hizo firmar otros papeles para salir de testaferro de unos locales que él tenía, él decía que eran suyos. Me pagó 1.500 pesos por cada firma. Me hacía ir a Corrientes y Uruguay y de ahí él me encontraba e íbamos caminando juntos a una oficina”. 

El albañil Paz fue citado dos veces a ratificar la denuncia sin presentarse, hasta que el jueves pasado fue trasladado por la policía a los tribunales federales de Retiro. Allí, bajo juramento, admitió cómo y por qué presentó la denuncia contra Carrió.