En declaraciones realizadas al programa televisivo Fuera de Juego, Cañete recordó que “el año pasado terminó con bastante conflicto con la Federación Médica y desde noviembre de 2016 hasta prácticamente últimos días de febrero hubo constante confrontación y reuniones para buscar alternativas para resolver la situación, que no era otra cosa que la cuestión arancelaria”. Al respecto, valoró que la obra social tiene “el valor arancelario de la consulta más alto de la región” comparado con Santa Fe, Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa. De todos modos, admitió que “no se pudo acceder al pedido de un co-seguro de 150 pesos” en contraposición con los 70 pesos que tenía la obra social. “Les dije que de ninguna manera se iba a complicar el bolsillo de los trabajadores con lo cual se llegó a un co-seguro de 90 pesos que está vigente”. Comparado con ese momento “hoy no estamos tranquilos pero estamos con más pausa, tratando de tener un panorama más amplio, con reuniones con los prestadores como la Asociación de Clínicas”, definió el dirigente y agregó que “si bien no se está adeudando, la escala de pago no tiene la agilidad que los sanatorios necesitan pero se viene cumpliendo lo prometido que del 1 al 5 de cada mes la obra social estaría abonando el 50 por ciento de la facturación”. Respecto de la situación con la Federación Médica (Femer) detalló que “este mes se debe firmar convenio, se firmó una prórroga por 30 días la semana pasada, hay cinco requisitos que no son pecuniarios que lo pueden ser en el largo plazo. Uno de ellos es nomenclador nacional que de ninguna manera vamos a aceptar; hay módulos que se pagan a los sanatorios y dentro de los cuales hay valores de honorarios para lo cual se realizó una reunión entre IOSPER, Acler y Femer para establecer una política de acuerdo y eso será un elemento a resolver; también se analiza todo aquello que represente honorarios distintos a los convenido”. Puntualizó que el Instituto “tenía 286.000 afiliados en 2015 y el 2016 terminó con 298.000 afiliados” y explicó que ese crecimiento “es normal” y a modo de ejemplo mencionó que “se suman los chicos que antes con 21 años quedaban excluidos y hoy pueden continuar si son estudiantes y los chicos de 16 años que terminan el secundario pueden seguir siendo afiliados hasta los 35”. También mencionó que muchos “afiliados a pre pagas deciden retornar al IOSPER” y agregó al análisis que “hoy el sector estatal está definiendo el salario en alrededor de 10.000 pesos, lo que implica un aporte a la obra social de 300 pesos que en una familia tipo –de cuatro personas- serían 75 pesos por cabeza. Esto indica que tenemos un promedio de ingreso de alrededor de 560 pesos, tomando el ingreso que tiene la obra social con la cantidad de afiliados y brindamos un servicio manteniendo la misma prestación para el que menos aporta y para el que tiene mayor ingreso”. En ese sentido, admitió que “se dictó una resolución para no recibir afiliados voluntarios porque mucha veces vienen aquellos que necesitan prestaciones caras y no estamos en condiciones de poner en riesgo el sistema”. En cuanto a los médicos que se ven beneficiados por la obra social, mencionó que “hay 2.700 profesionales adheridos” más “52 sanatorios en toda la provincia, donde faltan camas y quirófanos”. Relación política Definió su relación personal con el gobernador Gustavo Bordet como “excelente” y sostuvo que los pedidos realizados “son atendidos” por el mandatario. En ese marco, recordó “el histórico reclamo de los sectores sindicales” porque “en 1995 se había dejado de aportar el dos por ciento del aporte patronal de los jubilados a la obra social” ante lo cual el gobernador “anunció en la Asamblea Legislativa –y luego lo confirmó en una reunión- el aporte del 0,5 por ciento hasta llegar al dos por ciento de manera progresiva a partir de marzo de este año”. No obstante, indicó que “aún no se ha hecho efectivo el decreto, pero está y hay ministros que ya lo firmaron” con lo cual “la decisión política está tomada y para la obra social representa nueve millones de pesos mensuales aproximadamente y en el año serán 90 millones de pesos lo que nos dará la posibilidad de ir equilibrando algunos números de la obra social y fundamentalmente ir cumpliendo compromisos con kinesiólogos y odontólogos que son los más relegados hoy”. Casos de complejidad Si bien en entrevistas anteriores, Cañete había alertado por un aumento de los casos de cáncer en la población entrerriana, dijo que actualmente “la cifra se ha mantenido” en relación a “casos nuevos que inician el tratamiento de cáncer”. “Estamos en un promedio equilibrado comparado a 2016, se hizo un mapa distribuido por regiones y seguimos teniendo entre 40 y 50 casos nuevos de cáncer por mes”, resumió. En cuanto a complejidad de tratamientos cubiertos por la obra social, sostuvo que “hay muy pocos casos de HIV y la segunda patología más fuerte que se atiende es la esclerosis múltiple”. “Le sigue la situación de discapacidad, con más de 5.000 certificados de discapacidad entre chicos, jóvenes y adultos”, puntualizó. En ese punto, aclaró que “el IOSPER no contrata cuidadores domiciliarios sino que le da al afiliado un subsidio para que le pague al cuidador, que la obra social paga por reintegro”. Sostuvo que otra patología que vio un crecimiento en cuanto a cobertura es el ACV (accidente cerebro vascular) lo cual “es muy grave porque la obra social no tiene convenio con los neurocirujanos por lo cual se trabaja en forma conjunta con el Hospital San Martín”. En ese sentido informó que “se habló con el ministro (de Salud, Ariel De la Rosa) para donar un drill al hospital, que es un equipamiento para realizar ese tipo de cirugías que es muy costoso, tiene un valor de alrededor de 600 mil pesos, que el IOSPER estaría en condiciones de hacer la licitación y donarlo al hospital habida cuenta que es el nosocomio con mayor tecnología para resolver situaciones de mayor complejidad”. Agregó que “se está tratando de cerrar acuerdos con Sanatorios La Entrerriana y Modelo de Paraná y el de Crespo para establecer un valor módulo donde estén incluidos los honorarios y la obra social en vez de pagarle al neurocirujano pagarle directamente al sanatorio para que se hagan cargo del pago al profesional”. “Esto es para resolver este tipo de patologías dentro de la provincia sino estamos obligados a derivar y no queremos derivar más, queremos seguir trabajando con la resolución de esta patología dentro del territorio de la provincia”, resumió. Reconoció que no recorre los hospitales porque “no corresponde” pero “hay delegaciones en los hospitales de Concordia y Concepción del Uruguay”. Situaciones difíciles Por otra parte, Cañete sostuvo que en los tres años que lleva al frente de la obra social provincial “la situación más complicada” que debió atravesar fue “la situación en relación a la adquisición de elementos protésicos” la cual “desterré porque los valores eran muy altos y traían aparejados algunos tipos de cosas que no me interesaban”. “Cuando llegué a la presidencia el tema estaba tercerizado y lo que hice fue conformar una Asociación de Ortopedias que es lo que me permite trabajar”, explicitó. Sostuvo que la obra social va solucionando temas de acuerdo a los reclamos de los afiliados y afirmó: “Cuando uno entra a la obra social cree que va a tener el tiempo suficiente para repensar un montón de medidas y en realidad entra a desactivar inconvenientes y cuando se da cuenta es la hora de irse. Esta es la realidad de la obra social, son 300 mil afiliados, son 100 mil órdenes, 100 mil prácticas, 3.000 cirugías que se deben estar resolviendo permanentemente, más los casos puntuales que solicitan algún tipo de autorización por vía de excepción”. Además, señaló que “duelen las ingratitudes” porque “muchas veces se le está brindando al afiliado todo lo que necesita desde el punto de vista médico, lo que en ocasiones atenta contra los intereses comerciales de las corporaciones, y el afiliado se recuesta a los intereses del profesional y no de la obra social”. Sobre ese tema, puntualizó que “el año pasado se tuvo que pagar 34 millones de pesos para dos afiliados en medicamentos de uso compasivo, que no está probado el costo-beneficio y que no resolverá la patología” y contó: “Termino de firmar la cobertura de una afiliada de Concordia por 154.000 dólares por un tratamiento de una patología muy rara que el medicamento lo provee un laboratorio de Estados Unidos y que solamente le permite a los profesionales que trabajan con ese laboratorio prescribir ese medicamento”. “La situación tuvo un amparo el año pasado y se pudo destrabar de unos cinco meses, el laboratorio no lo quiere vender a través de droguerías sino que lo comercializa directamente, lo cual es una complicación porque la obra social tiene que exportarlo, y es toda una situación bastante compleja”, relató. En ese contexto, destacó que “la de Entre Ríos es la que menos recursos tiene del país. La obra social que menos recursos recibe es el nueve por ciento, mientras el IOSPER tiene el siete por ciento”, concluyó.