De Luca solicitó además que se declare nula la acusación de la querella que representa a Morales. Adelantó también que denunciará por falso testimonio a dos de los testigos. En este sentido, remarcó que los testigos habían mentido sobre diferentes aspectos relativos a su relación con la parte querellante. En primer lugar, que habían mentido al negar que el único testigo de cargo, Arellano, trabajaba para la Gobernación de Jujuy, en tanto esa relación laboral quedó probada antes del juicio oral. Además, sostuvo que Arellano había mentido al negar que se había comunicado con el abogado de la querella antes de su declaración, lo cual estaba probado por informes. Resaltó también que el testigo había elaborado un relato mendaz respecto de cómo había llegado a contactarse con el abogado de la querella. Para la fiscalía, estas falsedades restaban verosimilitud a sus dichos y permitían sospechar que él y su mujer habían incurrido en el delito de falso testimonio para perjudicar a los imputados a cambio de alguna clase de beneficio. Por ello, dijo que presentaría una denuncia en su contra. El fiscal sostuvo que la sentencia era arbitraria porque se basaba en ideas políticas preconcebidas sobre la actividad de un grupo de personas y de su líder, sin la debida demostración en el debate, porque se había valido del testimonio de testigos falsos y, además, que violó los principios constitucionales de congruencia y de incorporación de testimonios que las partes no pudieron interrogar y refutar. Todo lo que sostiene ahora el Fiscal General ante Casación fue expuesto por la defensa de Milagro Sala ante los jueces durante el juicio oral. Pero es tal el sometimiento de la justicia que la condenaron igual.