El Gobierno apostará este año a darles garantías a los sindicatos de que sus aumentos salariales en paritarias podrán ser revisados en caso de una disparada inflacionaria, de modo de impulsar acuerdos de al menos un año de vigencia, y de ser posible por una extensión mayor. Se hará a través de la consagración de las denominadas "cláusulas gatillo", un instrumento que está previsto en las negociaciones salariales pero que históricamente generó preocupación en funcionarios y empresarios y que rara vez terminó por ejecutarse.

El modelo a replicar es el que logró establecer la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en la negociación con los estatales provinciales. Para el Ejecutivo nacional en general, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en particular, el esquema pautado en ese caso es el ideal, primordialmente por el número de aumento, el 18% (en línea con la previsión inflacionaria para 2017), pero también por el ítem que estableció revisiones trimestrales para monitorear la evolución de los precios en relación con los ingresos de los empleados del sector público provincial.

La clave es la confianza oficial en que la inflación tenderá a la baja y que no hará falta ejecutar las cláusulas para reabrir las paritarias. De ser así, la administración de Mauricio Macri espera brindarles a los empresarios una señal de mayor previsibilidad con acuerdos más extensos.

El esquema, que empezó a delinear el propio Triaca la semana pasada en una entrevista radial, en la que anticipó su preferencia por paritarias de mayor duración, enfrentará obstáculos por parte de los sindicatos. Por caso, la Asociación Bancaria fue vetada por Trabajo en su intento por firmar un ajuste salarial a fin de año que abarcaba una recomposición por la pérdida salarial de 2016 y un anticipo para 2017, con el argumento de que se trataba de una reapertura de paritaria fundada en una cláusula gatillo. Sólo después de varios paros el gremio pudo firmar su acuerdo.

Ayer mismo en la CGT dijeron que muchos dirigentes, a falta de una certeza del rumbo inflacionario de este año, buscarán negociar los salarios de sus representados por un plazo máximo de seis meses. El propio Carlos Acuña, miembro del triunvirato de la central obrera, le aseguró a este diario que en su caso (empleados de estaciones de servicio) pedirá replicar el régimen de acuerdos semestrales que implementó en 2016.

"Si en el Gobierno están tan seguros de que va a bajar la inflación no tienen por qué preocuparse. Firmamos por seis meses y después, si está todo bien, revisamos y ajustamos los valores por el siguiente semestre. Los sindicalistas somos responsables y ninguno de nosotros va a pedir algo que vaya a perjudicar a las empresas. Para eso están las paritarias, que son sabias y se discuten sector por sector", apuntó Acuña, mano derecha de Luis Barrionuevo.

El dirigente contrastó la tranquilidad que dijo notar de parte del Ejecutivo con que "en estos momentos hay despidos en muchas empresas" y alegó que será difícil negociar paritarias en ese contexto. Recordó, además, que el año pasado los funcionarios aseguraban que la inflación rondaría el 25% y les pedían a los gremialistas negociar bajo ese parámetro: "Mirá cómo terminó la cosa", agregó Acuña.

En el lado empresario la posibilidad de consagrar cláusulas gatillo no causó entusiasmo. Los hombres de negocios creen que la herramienta servirá como elemento de presión de los gremios para deshacer los acuerdos alcanzados durante el año y empujar los sueldos hacia arriba. "En los países en que los acuerdos salariales se dieron en un contexto de moderación, la posibilidad de reabrir negociaciones era una garantía por si se desbordaba la inflación y no un disparador de la misma", matizó el abogado laboralista Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial.

Por su parte, Mario Caligari, número dos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA, el gremio de los colectiveros) evaluó que las cláusulas gatillo "les podrán convenir a algunos sindicatos para revisar sus acuerdos" pero admitió que todo parte "de una inestabilidad absoluta que impide negociar paritarias a larzo plazo". "Si vamos a revisar las paritarias cada tres meses me parece bárbaro aplicar esas cláusulas, pero si hubiera credibilidad no tendríamos que hacerlo", comentó. (Ámbito Financiero)