El Gobierno firmó con Qatar un memorando de entendimiento que le otorga sustanciales garantías a los extranjeros para invertir en el país. De acuerdo al documento, el gobierno del país árabe y la administración de Mauricio Macri no descartan crear una offshore para que maneje el fondo, que contará con U$S 1.300 millones.

La Autoridad de Inversión de Qatar (QIA, por sus siglas en inglés) aportará U$S 1.000 millones y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (que depende de la ANSES) otros U$S 300 millones para fondear inversiones por al menos tres años.

De acuerdo al memorando firmado, que establece los principios por los que se creará el fondo de inversión, contratarán un gerente que administre el dinero y recomiende en qué proyectos realizar desembolsos.

"Cada parte (FGS y QIA) trabajarán en conjunto para identificar a quienes consideren potenciales gerentes internacionales interesados con capacidad y recurso, además de con experiencia relevante para la estrategia inversora del fondo sectorial y del mercado", comenta el documento rubricado el 6 de noviembre entre Luis María Blaquier y Abdulla Bin Mohammed Bin Saud Al-Thani. Hasta hoy no se tomó la decisión por un candidato.

Según la información, se barajan cuatro fondos buitre y un empresario argentino con propiedades offshore: Ashmore, Blackrock, Blackstone, KKR y Diego Nicolás Rosendi.

Ambos organismos buscarán el objetivo de pagar las menores tasas impositivas posibles. "La estructura del fondo debe ser discutida entre las partes y el gerente seleccionado con una visión que asegure la mayor eficiencia impositiva, incluyendo la provisión de una estructura offshore para que la QIA invierta en activos dentro de la República Argentina, si eso se determina que es necesario o aconsejable", revela el texto final.

Desde el FGS respondieron a este medio que no tienen aún definido el país en el que se fundará el fondo, pero aclararon que "seguramente, siendo dos naciones soberanas convirtiendo, se seleccione una legislación internacional para dirimir posibles disputas". Esto da pie a que se elija finalmente un paraíso fiscal.

Las offshores son ilegales en la Argentina, tal cual fue establecido por la Inspección General de Justicia en 2005 y ratificado el mes pasado por el fallo contra la sociedad Petroex Uruguay. Allí, la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquin, dictaminó que estas sociedades "constituyen verdaderas herramientas para el ilícito, para cuya conformación sus motivaciones conllevan casi siempre algún grado de ilicitud", lo cual fue verificado por los jueces.

El caso trataba de una compañía extranjera que sólo registró actividades en la Argentina y, por lo tanto, debe regirse por las leyes locales y no por las del país donde fue fundada, de acuerdo al rotundo fallo que sienta jurisprudencia.