La iniciativa fue aprobada por 45 votos a favor del peronismo y la centroizquierda y 13 en contra del Interbloque Cambiemos y de un sector del peronismo disidente.

El proyecto declara la Emergencia Social y Alimentaria por un año en todo el país y promueve la creación de un millón de nuevos empleos bajo el Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo.

También establece la conformación del Consejo de la Economía Popular que intervendrá en la fijación de un salario social complementario.

A su vez, la propuesta contempla que durante la vigencia de la Emergencia se incrementen un 15% mensual los valores vigentes de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para Protección Social.

La iniciativa fue impulsada por los kirchneristas Juan Manuel Abal Medina y Teresita Luna y por el representante del GEN, Jaime Linares.

"La ley que estamos por aprobar es histórica", aseguró el ex jefe de Gabinete del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Abal Medina afirmó que "es un paso muy importante para salir de la idea de los planes sociales y pasar a la idea del trabajo".

En ese sentido, el kirchnerista aseveró que el costo fiscal significaría un desembolso de 1.000 millones de pesos para diciembre y de aproximadamente otros 11.000 para el próximo año.

Al respecto, dijo que para que el dinero no salga del Estado presentó un proyecto de ley en Diputados que busca gravar los plazos fijos, la minería y el juego. Sin embargo, esa iniciativa aún no obtuvo dictamen de Diputados y su tratamiento en lo que resta del año parlamentario es incierto.

La riojana Luna añadió que "en tres meses el gobierno de (Mauricio) Macri fabricó un millón de nuevos pobres".

Además, ratificó la marcha que se realizará el viernes de las organizaciones sociales y sindicales hacia el Congreso para la sanción de la norma que fue aprobada hoy.

El otro autor de la iniciativa, el bonaerense Linares, anunció que "es tiempo de buscar alternativas que nos puedan llevar a un nuevo camino que retorne la dignidad, el trabajo para todos y el compromiso de vivir en paz".

El radical Luis Naidenoff, en cambio, cuestionó duramente el proyecto expresando que "hay mucha hipocresía en quienes administraron este país durante doce años y ahora impulsan este proyecto".

"Si el objetivo deseado es tan chico como sancionar una ley para que el final del camino sea el veto, lo que se logra es generar una enorme expectativa para un sector que la está pasando muy mal", añadió.

Además, dijo que "el problema central de la Argentina fue la mentira" y recordó que "cuando se hablaba de la pobreza era estigmatizante y decían que Argentina tenía menos pobres que Alemania".

"Tenemos 32% de pobres en la Argentina. Peor es esconderlos", indicó el senador formoseño y recordó algunas de las políticas sociales implementadas por el gobierno nacional, como el aumento de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo y el pago de las jubilaciones mal liquidadas.

El representante del Movimiento Popular Neuquino, Guillermo Pereyra, integrante de la Confederación General del Trabajo, pidió, infructuosamente, modificar el proyecto para "sacar la palabra 'trabajo' y poner la palabra 'subsidio'; porque lo que se está otorgando aquí es un subsidio y no un sueldo".

En tanto, el peronista federal, Juan Carlos Romero, consideró que el proyecto "es de noble intención, pero poco práctico" y refirió que "citan al Papa en sus discursos, pero él no va a resolver la pobreza".

"Creen que la pobreza y la desocupación arrancó en diciembre. ¿Antes no había pobres acá? ¿Pasamos de cero a 32 por ciento de pobres en diez meses? Esto es jueguito para la tribuna", resaltó.

• El Gobierno no descartó el veto

El ministro de Modernización y Gestión, Andrés Ibarra, no descartó que el presidente Mauricio Macrivete la ley de emergencia social en caso de que resulte sancionada por el Congreso antes de fin de año y sostuvo que el Gobierno seguirá de cerca el tratamiento parlamentario de la iniciativa.

"Veremos cómo sigue la evolución de este tratamiento y las áreas específicas en el tema serán las que asesorarán, propondrán y luego se verá en conjunto en el Gabinete social cuáles son los caminos a tomar por parte del Gobierno", señaló Ibarra en conferencia de prensa al ser consultado acerca de un eventual veto de Macri, tal como lo hizo en mayo pasado con la emergencia laboral, que prohibía los despidos por 180 días y establecía la doble indemnización.

Al respecto, el funcionario nacional destacó que "el Gobierno ha tomado un montón de medidas en esta materia", para beneficiar a los sectores sociales con mayores necesidades y mostró desacuerdo con la iniciativa aprobada por el Senado.