El fiscal federal Carlos Stornelli sabe cómo imprimirles celeridad a sus resoluciones. A mediados de 2013 no dudó en desestimar una sospecha contra la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió luego de que el abogado Gustavo Ogni radicara la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra la legisladora chaqueña. Fue después de que la revista Veintitrés llevara a su tapa un informe en el que detallaba la compra por parte de Carrió de una chacra en un club de campo ubicado en Capilla del Señor, en la provincia de Buenos Aires, a unos 80 kilómetros de su banca del Congreso. 

En esa ocasión, el fiscal no dudó y descalificó la denuncia con un argumento, al menos sorprendente, en favor de la diputada. Según Tiempo Argentino Stornelli Afirmó que para determinar como "infundada" la presentación sobre la dirigente, tuvo en cuenta que la denuncia en su contra se hizo en un momento en que se formulan acusaciones y demandas sobre supuestos hechos de corrupción que involucrarían a figuras del gobierno nacional.

Algo así como un blindaje judicial constante para Carrió, ya que la líder opositora basó sus dos décadas de participación activa en la política en dos aspectos fundamentales: quebrar las expectativas que creaba entre sus ocasionales aliados políticos para denunciarlos de inmediato de las peores bajezas de la inmoralidad pública y así romper cada frente, alianza o coalición que dibujaba con fines electorales; y, por otro lado, descalificar a repetición al gobierno y a sus funcionarios con cuanta incipiente sospecha deslizaban en los medios dominantes.

Entonces, si el argumento para desechar una investigación contra la diputada es que el gobierno nacional es investigado por presuntos delitos basados en denuncias, el círculo de inmunidad es perfecto para Carrió. ¿Cómo investigarla si ella es la que denuncia siempre?

Stornelli debería repreguntarse, de paso, qué pasó con cada una de las teorías apocalípticas de la diputada que habrían sumergido a la Argentina en el averno. U otras predicciones que respaldan la credibilidad racional de la diputada. Claro que Stornelli podría aducir que son definiciones o conjeturas, análisis o delirios de  índole político; y la política, pues, no debería judicializarse. Algo correcto por definición. 

En la práctica, claro, los límites se tornan difusos. El mismo fiscal que desechó de manera cuasi instantánea iniciar una investigación contra Carrió, con celeridad manifiesta, aplicó idéntica velocidad pero en sentido inverso y dio curso en una secuencia para la antología judicial a una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer que involucra a Cristina Fernández de Kirchner. 

La secuencia fue la siguiente: el domingo 9 a la noche, la líder del GEN miró el programa Periodismo para todos que emite Canal 13 y conduce Jorge Lanata. En el dominical se sostuvo que habría irregularidades en el funcionamiento de la empresa Hotesur SA, firma que indicó ser accionista la presidenta en su declaración jurada. Stolbizer, el lunes 10, fue rauda a los tribunales federales de Comodoro Py y radicó una demanda contra la mandataria y el ministro de Justicia, Julio Alak. La presentación recayó en el juez Claudio Bonadio y con Stornelli como fiscal a cargo. Este no dudó en requerirle al magistrado que abriera una causa para que se investiguen las sospechas contra la jefa de Estado que fueron lanzadas desde la pantalla televisiva de Héctor Magnetto, y acercadas hasta los tribunales de Retiro por la diputada del GEN. Así, mediando celeridad resolutiva de Stornelli, fue que el juez ordenó los allanamientos del jueves último que brindaron los titulares escandalosos del viernes 21, que tan bien valoran Clarín y La Nación cuando se trata de limar al kirchnerismo. El allanamiento lo hizo la Policía Metropolitana en un departamento de la calle Lavalle al 900 en el Microcentro porteño, un inmueble vacío, donde funcionó la sede de Hotesur. Si bien los artículos periodísticos incurrieron en citar a fuentes judiciales para afirmar que el departamento estaba vacío, basta con mirar la fotografía de la página 3 de la edición de Clarín de ese viernes para constatarlo. El diario de Magnetto pudo registrar el interior del inmueble con los efectivos de la Metropolitana en plena faena. Una verdadera primicia. Algo obvia, por cierto.

Ahora le tocará a Stornelli analizar los balances entregados por la Inspección General de Justicia, y demás elementos recabados. Incluso, debe presumirse (algo que las audiencias mediáticas no pudieron saber en las últimas horas) que la justicia deberá recordar que Néstor Kirchner falleció en octubre de 2010 y que se realizó, como es público, un trámite sucesorio en sede judicial. Pero tratándose de la investidura presidencial o de cualquier ciudadano de a pie, sería lógico que la fiscalía analice la prueba con prudencia y no con la celeridad que le impone el calendario electoral, unos puntos de rating o el temor reverencial a un posible disciplinamiento mediático. La distinta vara ya está comprobada. 

Para Stornelli, las dudas que despertó la casa de campo que posee Carrió en Chacras de la Cruz, y que según el informe periodístico inicial de la revista Veintitrés no se condiría con las declaraciones públicas que la propia diputada opositora vino realizado en el tiempo, no merecen la mínima atención de su labor de fiscal.

¿Qué denunció Veintitrés en 2013? Lo siguiente: "Un año atrás Carrió compró a la empresa Urbaland Argentina SA una parcela –el lote número 261– de la fracción cuya superficie total es de 4240 metros cuadrados, en el Club de Campo Chacras de la Cruz, junto con la acción número 261 de ese club. El precio total de la operación ascendió a 49 mil dólares. De esta cantidad, 30 mil dólares corresponden al valor de la parcela y los restantes 19 mil dólares son pagados por el valor de la acción del Club de Campo. De acuerdo con la escritura con fecha del 29 de febrero de 2012 –que la propia Carrió reproduce en su sitio web–, se acuerda pagar estos 49 mil dólares de la siguiente manera, 9800 dólares en el momento de la firma del boleto y el saldo de 39.200 dólares en 48 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de 816 dólares, 'o entregando la cantidad de pesos de curso legal, equivalente a multiplicar la cantidad de billetes dólares de cada cuota por el valor que publique el Banco de la Nación Argentina para operación de cambio tipo vendedor', según se aclara en la escritura."

El informe de Veintitrés que el abogado Ogni tomó para su presentación en la justicia agregó: "Si bien se reconoce la compra de ese terreno, nada se dice de la casa –que se calcula de unos 300 metros cuadrados– que se está construyendo en el Club de Campo y de la cual Veintitrés ofrece distintas imágenes. Las imágenes son de tiempo atrás (NdeR: que ilustraron la edición de la revista), cuando la construcción no estaba muy avanzada. De todas maneras se muestra una casa grande, con numerosas habitaciones y un amplio espacio en el interior. Una construcción así, de acuerdo con consultas realizadas, puede significar un costo final de unos 400 mil dólares. Cifra muy alta para quien dice 'no tener nada'. Y que no podría pagar únicamente con su sueldo de diputada nacional. En su declaración jurada correspondiente al período 2012, Carrió declara que sus ingresos –brutos– por la Cámara de Diputados fueron anualmente de 478.453 pesos. En su última declaración de Bienes Personales –que Lilita subió a Internet–, la legisladora dice que tiene bienes inmuebles en el país por un total de 362.795 pesos." EI informe de la revista continuó: "'El total de predio son unas 211 hectáreas, con más de 65 hectáreas en áreas comunes y de circulación. Tiene un total de 273 lotes, con un promedio de 4500 metros cuadrados cada uno, generando así mayores vistas y una densidad habitacional muy baja', se asegura en el Club de Campo donde Carrió se construye su casa."

Stornelli consideró infundada la denuncia por presunto enriquecimiento contra Carrió. Desechó la investigación. La noticia con la desestimación de la denuncia se conoció en el mismo momento en que trascendió que la AFIP "allanó el club de campo Chacras de la Cruz SA, en el que Carrió compró un terreno de 4200 metros cuadrados y que costó, según la declaración oficial, 49 mil dólares. Chacras de la Cruz SA está siendo investigado por sospechas de evasión impositiva de Urbaland SA, desarrollador inmobiliario del emprendimiento. Según pudo averiguar la AFIP, la venta de cada en terreno se declaraba en $ 60 mil, cuando en realidad el costo era de $ 600 mil."

A veces la justicia se corre la venda de los ojos para ver hacia dónde acelera las causas. 

La celeridad es política. Carrió, como ya dijo en más de una entrevista, podrá irse a vivir plácidamente a su chacra. Stornelli le da tranquilidad.