Una de las últimas reuniones, el lunes pasado, duró hasta la madrugada. Punto por punto, artículo por artículo, el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, se quedó hasta las cinco de la mañana debatiendo con la oposición varios tramos delPresupuesto 2017.
 

Es apenas una de las cinco leyes claves que el Gobierno pretende que sean sancionadas antes de fin de año, según el cronograma que diagramó el bloque del PRO y la UCR con la Casa Rosada.
 

En primer lugar, la ley de leyes: el Presupuesto del año que viene. Las primeras rondas de reuniones ya comenzaron. Los ministros de cada área siguen recorriendo las comisiones. Según los primeros cálculos, en el oficialismo creen que en noviembre será aprobado. Será el primero con la impronta macrista. Atado al Presupuesto, llega la reforma del impuesto a las ganancias, donde se cambiarán las escalas y se modificarán las alícuotas. Una promesa de campaña retrasada.
 

Otro de los proyectos que buscará aprobar el Ejecutivo es la reforma del Ministerio Público Fiscal. En rigor, una manera elíptica de restarle poder a la procuradora kirchnerista, Alejandra Gils Carbó, con la creación de “subprocuraciones”. El presidenteMauricio Macri se cansó de esperar su renuncia y le encargó al ministro de Justicia,Germán Garavano, que elabore una iniciativa que recorte sus funciones. En eso trabajan los diputados, aunque se esperan algunos cambios de parte del massismo.
 

Iniciativas. Otro proyecto será la reforma electoral. Está decidido que en 2017 se vote con boleta electrónica pero no está claro cómo: hay quienes le susurran a Macri que las máquinas las podría producir el Estado. En esto se embarcó el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, quien convenció a uno de los camaristas con competencia electoral, su amigo de la primaria.
 

Además, avanza otra iniciativa con consenso: el PPP, Participación Público-Privada, con el fin de asociar al Estado con las empresas en distintos proyectos de obras públicas, desde viviendas hasta autopistas. Es un modelo que ya funciona, por caso, en España.
 

Dos iniciativas más están en agenda: la reforma de la Ley de ART, para intentar desmontar un millonario negocio de un grupo de estudios jurídicos de elite (un par de diputados del PRO refunfuñaron por este proyecto) y la ley de primer empleo que envió el Ministerio de Trabajo, pero que no cuenta con un gran consenso aún.
 

En este contexto, el oficialismo tiene decidido extender las sesiones ordinarias hasta el 30 de diciembre. Es que, según cuentan en la Rosada, en 2017, un año electoral clave, el Congreso funcionará a paso lento.