Dentro de la emergencia económica y financiera por un año prevista en el proyecto de ley que ingresó en la última sesión de la Cámara Baja “quedan incluidos como beneficiarios directos (…) todos los productores agropecuarios avícolas, citrícolas y de porcinos de la provincia de Entre Ríos, que deban reconstituir su producción o capacidad productiva y/o tengan excedentes de mercadería que no puedan colocar en el mercado”, según se indica en el artículo segundo.

El texto, de autoría del diputado por Entre Ríos, Jorge Barreto, fue girado a las comisiones de Agricultura y ganadería, Economías y desarrollo regional yPresupuesto y hacienda.

Entre los beneficios establecidos se establece la prórroga del vencimiento del pago de los impuestos que graven el patrimonio, los capitales, o las ganancias de las explotaciones afectadas, cuyos vencimientos se operen durante el período de vigencia del estado de emergencia declarado en norma. También está prevista la liberación del pago arancelario del Mercado Nacional de Hacienda, a las haciendas que ingresen en dicho mercado procedentes de la provincia de Entre Ríos.

Otro de los incisos del artículo cuarto, que determina los principales beneficios determina la suspensión hasta el próximo ciclo “después de finalizado el período de emergencia” del inicio de juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados por los contribuyentes comprendidos en la presente ley, en tanto que los juicios ya iniciados serán paralizados hasta el fin de la emergencia.

Para acogerse a estos beneficios, los productores afectados deberán presentar un certificado expedido por la autoridad competente de la provincia donde conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos en el artículo anterior.

Asimismo, en el artículo sexto se faculta al poder Ejecutivo nacional para eximir total o parcialmente de los impuestos sobre los bienes personales y a la ganancia mínima presunta que afecten a explotaciones agropecuarias e inmuebles rurales arrendados.

La autoridad de aplicación, en caso de sancionarse la norma, tendrá a su cargo la elaboración de un plan de contingencia, la creación de un Registro único de productores afectados, otorgar subsidios directos e indirectos para gastos de inversión y operación a los efectos de recomponer su capacidad productiva e instrumentar una línea de crédito especial a través del Banco de la Nación Argentina con tasas de interés bonificadas y un plazo de gracia de un año como mínimo.

En los fundamentos, el autor de la iniciativa sostiene que responde a “la fuerte preocupación del sector avícola, citrícola y de producción de porcinos de la provincia de Entre Ríos, ocasionada por la apertura indiscriminada de importaciones, sumada a la implementación de políticas económicas de carácter recesivo por parte del gobierno nacional. A ello debe agregarse el aumento de costos de producción lo que coloca a los productores en una situación crítica”.

A modo de ejemplo citó datos provistos por el Centro de empresas procesadoras avícolas (Cepa), que dan cuenta de que “en los primeros seis meses del año se importaron del país vecino (Brasil) cuatro millones de kilos de pechugas deshuesadas de pollo, mientras que en todo 2015 ese número llegó a sólo 500.000 kilos”.