En un sistema electoral republicano, el Estado es un “mal necesario”: todo lo que pueda ser controlado por los votantes debe estar en manos de estos. La tecnología permite nuevas formas de control ciudadano, pero también puede introducir nuevos riesgos; en particular, nuevas formas de manipulación y de pérdida de dicho control. La reforma electoral impulsada por el Gobierno, que acaba de tener dictamen favorable del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, supone varios cambios a la actual ley electoral. Por un lado introduce un elemento novedoso en el método de emisión del sufragio —una computadora—, en tanto que por otro hace un traslado de atribuciones desde el Poder Legislativo hacia el Poder Ejecutivo.

El nuevo elemento, mediante el cual el votante expresará su voluntad, es un sistema informático. Más allá del nombre que se utilice para definirlo (“voto electrónico”, “boleta única electrónica” o “boleta electrónica”), es claro que se introduce una computadora (hardware y software) entre el votante y la expresión de su elección. Luego del auge de este tipo de sistemas a fines del siglo XX, el uso de computadoras para votar ha decaído en casi todo el mundo. En particular aquellos países pioneros en su desarrollo e implementación —allá por la década del 60— han vuelto completamente, o se encuentran en un claro camino de regreso, al sufragio usando elementos bajo el control del votante: típicamente papel y algún tipo de marcador (birome, lápiz o un sello). La razón es clara: al introducirse un elemento que no puede ser dominado completamente por el ciudadano—y ningún sistema informático puede serlo, no importa los conocimientos técnicos que se posean—, la gente pierde la posibilidad de asegurarse de que el resultado será el reflejo de su voluntad y, más aún, de que nadie podrá saber cuál fue dicha voluntad electoral. Ni siquiera es necesario que el sistema informático en cuestión permita vulnerar el secreto del voto (y son numerosos los casos en que esto ha ocurrido), la garantía de dicho secreto para el votante ya se ha perdido. Y de nada sirven las promesas estatales al respecto —aunque vengan refrendadas por informes y auditorías de universidades—, a lo sumo pasa a ser una cuestión de fe en las mismas.

El escrutinio de mesa actualmente está en manos de un ciudadano común: el presidente de mesa. El control lo ejercen los fiscales de los distintos partidos políticos que, aún con intereses opuestos, garantizan el equilibrio. El proyecto de reforma introduce el “conteo electrónico”, como una forma de agilizar dicho proceso. Aunque el texto de la propuesta no lo dice, públicamente se proclama que la existencia de una “computadora que cuenta”, de alguna forma reduce la posibilidad de manipulaciones. Claramente esto no puede ser así: la falta de fiscales, y la connivencia entre uno de ellos con el presidente de mesa, permitirían el mismo tipo de manipulaciones que pueden llevarse adelante hoy, más algunas incluso más ágiles y simples que permite la introducción de tecnología informática.

El escrutinio provisorio es quizás uno de los puntos más opacos u oscuros del proceso electoral. El presidente de mesa, ciudadano común, envía el resultado que ha podido calcular y comprobar a la autoridad electoral. Pero luego de esto, la información reunida entra en una especie de “cono de sombra”, durante el cual un funcionario estatal aparece diciendo que “estamos a la espera de reunir resultados significativos para publicarlos”, como si el resultado de una sola mesa no fuera significativo para los votantes. Nada de esto cambia con la reforma propuesta, aún cuando podría introducirse tecnología informática que multiplicara los controles ciudadanos, en tiempo real, para lograr un escrutinio provisorio más rápido y mucho más transparente.

El segundo párrafo del artículo 77 de nuestra Constitución Nacional dice que “los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros de las Cámaras”. Las definiciones sobre el elemento de votación (y de conteo) introducidas por el proyecto de reforma son tan vagas, que dejan librada a la reglamentación de la ley la definición precisa de cómo será el sistema informático a utilizar. De esta forma, el Poder Ejecutivo quedará en posición de determinar exactamente cómo funcionará (y cuál será) el sistema de votación, e incluso de modificarlo con el paso del tiempo, violando claramente la norma constitucional.

Votar usando computadoras no es “moderno”, como tanto se repite, desde el momento en que los principales países del mundo no lo hacen o lo hacen cada vez en menor medida. Quitarle al votante la posibilidad de expresar su voluntad utilizando elementos completamente bajo su control (sin ir más lejos, esta es la razón por la cual ocurre el “robo de boletas”), no es un avance. Dotar al Estado de más poder de control, pretendiendo que los ciudadanos depositen su confianza en él, no es fortalecer el sistema electoral, sino debilitarlo. El uso de la boleta única de papel (el medio de votación más utilizado en el mundo, incluso por aquellos países que abandonaron la votación electrónica), la incorporación de dispositivos informáticos para mejorar el conteo (ayudando a reducir los posibles errores humanos) y la multiplicación de los controles en el escrutinio provisorio sí constituirían un avance hacia la modernización electoral.