El gobernador Sergio Urribarri promulgó este martes la Ley de Narcomenudeo bajo el número 10.329, que autoriza a la Policía y a la Justicia provincial a intervenir en procedimientos destinados a combatir la venta de estupefacientes en baja escala.

“Entendimos que por clamor de la sociedad entrerriana debíamos tomar decisiones políticas”, remarcó el Gobernador.

Urribarri destacó que el Estado entrerriano “se hace cargo” y “no mira para otro lado” ante esta problemática, asegurando que “actuará para velar por la sociedad y tratar de disminuir drásticamente, interviniendo ante todos aquellos casos que la sociedad detecte para nosotros actuar”.
Por otro lado, el mandatario sostuvo que la nueva herramienta legislativa servirá para “ser prácticos” en un tema que “afecta a la familia entrerriana”.

En otro tramo de su alocución afirmó: "Néstor tenía muy en claro que el problema del Narcotráfico era una cuestión de Estado, que se lo debía enfrentar con todas las fuerzas disponibles porque así lo observaba en las distintas realidades y experiencias de otros países de América Latina y del mundo. Tenía muy en claro que la Justicia, las policías provinciales, policía federal y gendarmería, tenían que estar en el mismo frente de batalla. Y la política también tenía que estar a la altura de las circunstancias", dijo Urribarri.

"Esta nueva ley provincial 10.329 que combate la comercialización de sustancias prohibidas en pequeña escala llega luego de un arduo trabajo de formación, de preparación y capacitación del personal. Porque pretendemos que la aplicación cumpla con el objetivo. En todo este tiempo, entendimos que por un clamor de la sociedad entrerriana, nosotros debíamos tomar decisiones políticas. Esas decisiones políticas son las que ustedes pueden encontrar en el articulado de la ley 10329, que nuestra Legislatura sancionara hace pocos días atrás, y que el Poder Ejecutivo promulgara hace pocas horas”, afirmó.

Urribarri expresó su satisfacción del trabajo realizado entre los tres poderes para seguir combatiendo la droga: “Quiero destacar algo que no es común ver en la sociedad argentina, la cooperación, y el hacerse cargo, de los tres poderes en Entre Ríos, en relación a este tema. La actitud del Poder Judicial, y del Poder Legislativo, es ejemplar, ante la decisión política de hacernos cargo de la realidad de nuestros barrios. Esta actitud es directamente inversa a mirar para otro lado”, subrayó.

Por su parte, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak sostuvo que “la Policía Federal se ve menguada, disminuida en número y en capacidad de operación en los territorios provinciales, particularmente el nuestro. Por eso lo normal era que la Policía de Entre Ríos llevara adelante todo tipo de procedimientos, relacionados con la prevención, investigación y persecución de los delitos, y en ese trajín, en más de una ocasión, se hallaban estupefacientes. Esto es, y no otra cosa, lo que se volcó en la letra de esta ley, que hoy tiene número, y que hoy es una satisfacción para todos”.

Aseveró que “estamos trabajando en el único camino real de persecución de este tipo de delitos, porque solo en el ámbito provincial se le va a poder dar respuesta de tratamiento, a aquellos que son pequeños consumidores, o víctimas del consumo de estupefacientes. Y se va a poder trabajar, investigar y perseguir, también de otra manera, a aquellos que no son víctimas, o pequeños consumidores, sino que viven de esto y le hacen un gran daño a la sociedad”.

Por último, el procurador General, Jorge García indicó: “Todos tenemos un desafío, en cualquiera de los poderes del Estado: no podemos dejar que esto se convierta en Rosario. Esta tiene que ser la consigna que nos una a todos. El narco llegó a la Argentina para quedarse, y le va a disputar al Estado, a la República, las garantías individuales de todos. Si nosotros no tomamos conciencia de esto, como creemos estar en lo correcto, nos va a tomar un día de sorpresa, como ha ocurrido en otros lados, y cuando las cosas se desbordan, los problemas y las consecuencias son mucho mayores”.

“El cambio de una ley intenta modificar una situación, con la idea político – criminal que creemos más correcta. Pero esto no va garantizar que de la noche a la mañana desaparezcan los quioscos de las ciudades. Esta es una tarea no solamente de nosotros, sino fundamental de toda la población, y por eso, la población nos tiene que acompañar en esta obra por la salud de nuestras personas, de los chicos, y por la vida de todos”, reafirmó García.

De la conferencia de prensa participaron además los ministros de Gobierno, Adán Bahl y de Educación, Eduardo Lauritto; el defensor General, Maximiliano Benítez; los legisladores Enrique Cresto, Juan Navarro, Daniel Kramer, Rosario Romero, Laura Stratta y Hernán Vittulo; el Jefe de la Policía de Entre Ríos, Héctor Massuh; y la secretaria General del Ministerio de Gobierno, Lucila Haidar.