La Cámara de Diputados de la Nación pasará a tener más de 300 integrantes en caso de prosperar el proyecto de reforma electoral que ahora incluirá un apartado para volver operativo el artículo 45 de la Constitución nacional. La carta magna dispone la ampliación de la cantidad de integrantes de la Cámara baja en aquellas provincias que hayan aumentado su población de acuerdo con el censo. Se trata de un giro profundo y arriesgado del Gobierno nacional que, pese a no impulsar esa iniciativa, la incluirá en el dictamen que negocia con las demás fuerzas políticas.

De volverse operativo el artículo 45 de la Constitución nacional, la Cámara baja pasará a tener más de 300 diputados nacionales frente a la actual composición de 257 miembros. Artículo 45: "La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires, y de la Capital en caso de traslado, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado y a simple pluralidad de sufragios. El número de representantes será de uno por cada treinta y tres mil habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado".

Aunque la Casa Rosada no impulsa esa reforma, en Diputados existe un reclamo transversal para ampliar la representación de distritos como las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos que traspasa a todos los bloques. El reclamo, que durante el kirchnerismo fue enarbolado sin éxito por el bonaerense José María Díaz Bancalari, cuenta ahora con respaldo de la Unión Cívica Radical, principal socio de Cambiemos en el Congreso. La base para incorporar la ampliación de la Cámara de Diputados sería el proyecto presentado por la radical porteña Carla Carrizo, perteneciente a Suma + de Martín Lousteau y la agrupación radical La Cantera.

El reclamo por las provincias subrepresentadas incluiría la reforma de la denominada ley Bignone sancionada durante la última dictadura militar. Esa ley, la 22.847, utiliza el censo de 1980 sin contemplar el desarrollo poblacional y demográfico que tuvo lugar en el país en los últimos 36 años. Es decir, la actual composición de la Cámara baja representa a 27 millones de argentinos y no a los más de 40 millones que arrojó el censo de 2010.

El jefe de los diputados PRO, Nicolás Massot, fue el encargado de procesar el reclamo de los dos principales partidos políticos, la UCR y el PJ, incluido el massismo, para incluir esa disposición en el proyecto que volverá a debatirse el próximo martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales. El inciso para terminar con el "federalismo distorsivo" podría prolongar el debate y abre un interrogante sobre el futuro de la reforma. Mauricio Macri dio la orden de avanzar como sea con la Boleta Única Electrónica de cara a las elecciones legislativas de 2017, pero la tarea de lograr consensos no es sencilla para el macrismo legislativo. El interbloque Cambiemos incluso debió ceder al reclamo del Frente Renovador de Sergio Massa y de los radicales para incorporar el enfoque de género: en el proyecto también se incluirá el 50 por ciento de cupo femenino, por lo que la Cámara tendría la mitad de mujeres en su integración.

Todavía no existe una evaluación política seria de las consecuencias que podría tener la ampliación de la Cámara de Diputados en más de 50 legisladores. Esa reforma podría representar un tiro en el pie para el oficialismo, que no cuenta con quórum propio en el Congreso y la modificación podría diluir incluso más el poder de Cambiemos en Diputados. Por eso, en caso de aprobarse, comenzaría a regir recién a partir de 2019.

La provincia de Buenos Aires, la más subrepresentada, pasaría de tener 70 diputados a unos 100. La Cámara de Senadores quedaría con la actual integración de 72 legisladores, ya que en ese recinto están representadas las provincias y no el pueblo de cada distrito, que se modificó de acuerdo a los censos.

El juez de la Cámara Federal Electoral fue recibido ayer en Casa Rosada por funcionarios nacionales. La reunión fue tensa y el magistrado salió envuelto en el mutismo. El Gobierno le reclamó colaboración en la reforma electoral después de haber cedido al reclamo de traspasar el escrutinio provisorio de la Dirección Nacional Electoral (DINE) al ámbito de la Justicia.

El oficialismo realizaría otra concesión para lograr los votos necesarios para la reforma que requiere una mayoría agravada: la mitad más uno de los votos de la Cámara. La mesa de conducción del Partido Justicialista se pronunció por una implementación de la Boleta única Electrónica "gradual, que se implemente primero en algunos distritos del país", y reclamó un "sistema transparente".

En la reunión que se llevó a cabo la semana pasada en la sede que el justicialismo posee en la calle Matheu, y donde no hubo figuras vinculadas al kirchnerismo, se evaluó como "casi imposible que la iniciativa pueda aplicarse en todo el país" de cara a las elecciones de 2017. Sin embargo, persistirían las PASO por agrupación, que impiden votar a candidatos de distintos frentes electorales.