Por instrucción expresa de Mauricio Macri, la diputada Elisa Carrió se guardó (por ahora) una de sus cartas más fuertes: el pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. La aliada de Cambiemos ya tenía lista, antes del comienzo de la feria judicial, una serie de documentos con los que traspasaría el límite de su enfrentamiento con el titular del máximo tribunal, que ya tuvo varios capítulos públicos y privados. Manejo de fondos, infraestructura, licitaciones de obras para el Poder Judicial y el propio patrimonio del supremo eran los ejes bajo los cuales la legisladora pensaba plantear su pedido de jury. En medio de la presión por las tarifas, el Presidente ordenó congelar de forma urgente la iniciativa que empañaría el trámite de la sentencia por un tema que desvela al Ejecutivo. 

El pedido de juicio político de Carrió había sido ideado en paralelo al de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, que sí fue presentado en el Congreso. Incluía la unificación de varias de las denuncias que interpuso contra el manejo de fondos del Comité de Inversiones, que se ocupa de las licitaciones para el Poder Judicial. Ese ente también involucra al Consejo de la Magistratura. También el manejo del Fondo Anticíclico que dispone la Corte con las partidas presupuestarias "sobrantes" y por las diversas contrataciones realizadas. Incluiría además una reedición de la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito en la que Carrió ya naufragó en marzo pasado, luego de presentar datos internos de AFIP sobre el patrimonio de Lorenzetti. La chaqueña tenía previsto incluir más datos sobre movimientos financieros de todo su entorno. La legisladora está, a su vez, imputada en una causa que investiga la filtración de datos bajo secreto fiscal del organismo recaudador, que habrían tenido como objetivo inicial ventilar informes sobre Lorenzetti. 

Ante la crisis judicial por el tarifazo, Macri pidió a Carrió que desista (momentáneamente) de esa presentación, que desataría una nueva crisis. El mandatario tampoco confía en el resultado del "caso" que la Corte comenzará a tratar luego del receso por la tarifa del gas, por eso tomará sus previsiones. El pedido de informes que realizó el máximo tribunal para conocer el impacto económico y social del aumento en el gas y sobre todo conocer cuál sería el cálculo definitivo de esos valores no cayó bien en el Ejecutivo. 

Presión a federales

Mientras tanto, Macri insistirá en una depuración del fuero federal, algo en lo que también coincide con Carrió, una de las que públicamente ha fustigado a los integrantes de Comodoro Py. La auditoría por casos de corrupción -que ya puso en alerta a los magistrados- y un nuevo esquema de fuerzas en el Consejo serán los arietes para un pressing a varios frentes. El primer apuntado será Daniel Rafecas, magistrado resistido por los PRO -que contará con el auxilio de la dirigencia de la DAIA por la desestimación de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman-; por los radicales (por haber involucrado a Fernando de la Rúa en los sobornos del Senado) y por un sector de la ex SIDE. El segundo objetivo propuesto es Rodolfo Canicoba Corral. Pero este magistrado tiene una causa que interesa al corazón del Poder Judicial: la denuncia por desvío de fondos de infraestructura que puede escalar responsabilidades. El tercero es el camarista Eduardo Freiler, a quien el Gobierno tiene apuntado lo mismo que a su compañero de la Sala I, Jorge Ballestero. Este último ha intentado diferenciarse del perfil que le atribuyen en sus últimos fallos, pese a lo cual desde el Ejecutivo consideran que no hay retorno. "Esto con dos renuncias se resuelve", advierten voceros con nexo en Comodoro Py. Aun así, el temor a que se mezclen facturas internas del Poder Judicial que puedan ampliar a otros jueces la onda expansiva de la depuración amenaza con desequilibrar esquemas de poder que podrían poner a los tribunales federales en pie de guerra si el Gobierno pierde el control de los efectos que cause su intentona.