Luego del escándalo que puso en dudas la seguridad del sistema informático del Poder Judicial, ahora es la Justicia Electoral la que quedó envuelta en una polémica a partir del primer diagnóstico realizado sobre la viabilidad de un nuevo procedimiento automático para migrar el padrón de votantes de todo el país. La jueza federal María Romilda Servini de Cubría presentó ante el Consejo de la Magistratura un duro informe en el que detalla problemas estructurales y fallas de seguridad que ponen en riesgo el control por parte de todos los jueces sobre el registro de electores en cada provincia. El tema entró en discusión en el Consejo -que debe aprobar un millonario desembolso para su implementación- y reavivó el cruce entre sectores de la Justicia que se enfrentaron por la sospecha de la manipulación en el sorteo de causas.

"Se han detectado problemas que hacen a la seguridad del sistema -en lo que respecta a validaciones y requerimientos necesarios-, cuestiones de imprescindible solución -pues se relacionan con la calidad de la información registral-, modificaciones y/o implementaciones trascendentes", aseguró Servini en el informe dirigido a Miguel Piedecasas, presidente del Consejo y fechado a fines de junio pasado. El órgano encargado de la selección y remoción de jueces tenía previsto poner sobre la mesa la implementación de un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba para el desarrollo de un nuevo Sistema de Gestión Electoral (SGE), y disponer de una serie de pagos para dar vía libre a la fase de migración de los padrones. Es en este punto donde la jueza federal con competencia electoral realizó "observaciones" tras la etapa de capacitación ordenada por la Cámara Nacional Electoral, que impulsa el traspaso del sistema, algo que resisten los jueces de cada jurisdicción porque recorta el poder de control sobre sus propios territorios. 

Irregularidades

Errores que permiten duplicar electores; imposibilidad de confirmar información sobre personas dadas por muertas; desaparición de votantes del sistema; datos inconsistentes entre la carga de fecha de nacimiento y clase; faltas en el proceso de fiscalización de los registros e imposibilidad de realizar reportes con cambios de domicilio son algunos de los inconvenientes hallados en el nuevo software. Piedecasas giró el informe a la Administración General del Consejo y a la Dirección General de Tecnología, a la que regresó Gabriel Mehlman tras haber sido responsabilizado por una serie de irregularidades ocurridas en el Data Center del Poder Judicial, cuyo desencadenante fue el irregular sorteo en la Justicia Federal de la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman, revelado por Ámbito Financiero. Resistido por un sector del Poder Judicial, el funcionario fue respaldado por la mayoría oficialista del Consejo y volvió al cargo del que lo había desplazado Juan Carlos Cubría. De fondo quedó latente la denuncia pública de la jueza con más años en Comodoro Py: los sorteos y la asignación de causas en la Justicia pueden ser "manipulados". 

Servini detalló 7 puntos de "problemas de seguridad" del nuevo SGE: "un cambio de matrícula originó dos electores en el distrito, eliminó del sistema a un elector por acción de un perfil de otro distrito y no se desplegó ningún aviso o mensaje comunicando el error", ejemplificó en la fase de testeo. "No queda claro si el sistema prevé una función que controle, por ejemplo, la correspondencia entre la oficina de defunción y el distrito correspondiente", agregó como falencia. "El sistema no valida la clase con el año de nacimiento y como consecuencia, un elector puede figurar con una clase y un año de nacimiento distintos", informó. A su vez, alertó que cualquier "supervisor" a través de una herramienta de edición pueda ingresar en los valores cargados, utilizar "datos inconsistentes y el sistema no lo advierta y mucho menos lo rechace". La jueza volvió apuntar a la vulnerabilidad que ofrece la iniciativa sobre el padrón general del país. Luego advirtió que hay operaciones sobre el sistema que derivan en la desaparición de datos de imposible recuperación posterior. 

El cambio en el sistema informático y la migración de los padrones ya había puesto a la defensiva a cada uno de los jueces federales con competencia electoral, cuyas funciones de control, auditoría y supervisión de los padrones de sus jurisdicciones quedarían centralizados bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral, principal órgano en esa materia. Molestos, denunciaron que perderían control bajo un sistema único centralizado, y ni siquiera advertirían cambios en los padrones. Ejemplificaron que podría haber modificaciones de domicilios que no sean notificadas, y que lo mismo podría impactar en potenciales candidatos, que resultarían finalmente inhibidos. Ante el Consejo, Servini se quejó además de una veintena de ítems de "imprescindible solución" para que la migración prospere, en el inicio de una nueva crisis vinculada con los sistemas informáticos de la Justicia.