El ministro de Energía, Juan José Aranguren, fue imputado por el fiscal Carlos Stornelli en el marco de una denuncia presentada por dos diputados del Frente para la Victoria que acusaron al miembro del gabinete de haberse favorecido con el incremento de las tarifas de gas "al cumplir un doble rol como funcionario público y accionista de Shell".

El fiscal también imputó al subsecretario de Refinación y Comercialización de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, Pablo Popik, y al secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda, según consta en el texto del requerimiento de instrucción.

En el texto, el representante del Ministerio Público recodó que Aranguren fue denunciado por la presunta comisión del delito de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas" y ordenó una serie de medidas de prueba para avanzar con la investigación.

La denuncia había sido presentada hace un mes por los diputados Martín Doñate y Rodolfo Tailhade quienes sostuvieron que "el aumento del valor del gas pagado a los productores en la República Argentina" impactaría positivamente en el patrimonio del ministro porque "es titular de más de 13 millones de pesos en acciones de la empresa" Shell S.A.

El segundo hecho de la denuncia tenía que ver con "la decisión estratégica" del Ministerio de Energía "de importar gas por el puerto de Chile en lugar de las vías que ya estaban en uso, el gasoducto con Bolivia, por ejemplo", decisión que "puso en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG (British Gas, adquirida el año pasado), la mayor proveedora de gas del vecino país trasandino".

A ARANGUREN LE ATRIBUYEN INCOMPATIBILIDAD COMO FUNCIONARIO Y ACCIONISTA DE SHELL

En la misma denuncia, que recayó en el juez federal Luis Rodríguez, los legisladores nacionales del Frente para la Victoria citaron un artículo periodístico titulado "Exclusivo: Aranguren compra gas a Chile en forma directa y paga 128 por ciento más caro que a Bolivia"; hecho que solicitaron que sea investigado.

El fiscal requirió, entre otras cosas, que se recabe la "totalidad de los expedientes vinculados con la compra de gas a Chile" y aquellos que pudieran dar cuenta de incumplimientos en los contratos para el suministro de gas celebrados entre "Enarsa y/o el Estado Nacional y yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia".

Doñete y Tailhade sostuvieron además que "el ministro Aranguren y otros funcionarios del Ministerio de Energía y Minería de la Nación han provocado una serie de actos perjudiciales para el Estado nacional en el marco de un desempeño incompatible con la función pública, justamente los que venimos a denunciar, con posterioridad a la presentación" ante la Oficina Anticorrupción.