Vale destacar en este sentido que en Entre Ríos se construyen dos nosocomios con estos fondos: en Gualeguaychú y Paraná. Además, la pesquisa que dirige Bonadío apunta a la cooperación suscrita con la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) en materia de registro de precursores químicos y los préstamos del organismo al Tesoro de la Nación, entre otras supuestas irregularidades.Cerca de las 10 de este martes, dos oficiales de Justicia, junto con personal de informática del juzgado y agentes de la Gendarmería, llegaron hasta las oficinas que el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp), conocido como el PAMI, tiene en avenida Corrientes 635, y donde se encuentra la oficina del interventor, Luciano Di Cesare.

Escoltados por personal de seguridad subieron hasta el primer piso donde está la gerencia Económica Financiera, a cargo de Laura Domínguez Garaboni, que durante el allanamiento estuvo acompañada por el gerente de Asuntos Jurídicos, Roberto Guaresti.

“Se llevaron copia de todo... incluso lo que había en todas las computadoras”, dijo a uno de los empleados que estuvo presente durante las seis horas que duró el proceso.

La decisión de Bonadio se dio tras una denuncia que realizó el fiscal federal Carlos Stornelli. Según informaron fuentes de la investigación, en el oficio de allanamiento el juez requirió la documentación relativa a la construcción de los Hospitales del Bicentenario en las localidades de La Matanza -Rafael Castillo y Laferrère-, en Esteban Echeverría, Ituzaingó, Escobar y General Rodríguez, además de Entre Ríos.

Seis años después del anuncio que realizó la presidenta Cristina Kirchner, y pese a los gastos multimillonarios que ya se hicieron hasta el momento -más de 1300 millones de pesos-, aún no funciona ninguno de los centros de salud que el Estado financia a través del PAMI.

El magistrado solicitó en el oficio conocer el origen de los fondos destinados a las obras, con detalle de los aportes correspondientes a cada parte involucrada. Requirió, además, la normativa, decretos y resoluciones que hayan dispuesto la realización de las obras y la forma en que se pagaron. Y también solicitó los proyectos y plazos de ejecución, con indicación de fecha de inicio y finalización de las obras y empresas a cargo con todos sus datos.

Bonadio pidió incluso conocer el estado actual del Fondo de Garantías Prestacional, destinado a garantizar las prestaciones en caso de crisis y que en la era de Graciela Ocaña al mando del PAMI llegó a acumular cerca de 4.500 millones de pesos. En parte, estos fondos, programa que discontinuó Di Cesare, se utilizaron para prestarle dinero fresco al gobierno nacional a cambio de Letras del Tesoro (LETE).

Según estimó una fuente que conoce en detalle las operaciones, “a junio de 2012 el PAMI ya habría prestado unos 2.300 millones de pesos”. El juez ahora quiere establecer las fechas en que se giraron los fondos y la identidad de las cuentas bancarias en las que fue depositado el dinero.

En el extenso pedido que firmó Bonadio, titular del Juzgado Federal N° 11, también se incluyeron los detalles del convenio de cooperación que suscribió el PAMI con la Sedronar en materia de registro de precursores químicos, y la nómina de empleados del Instituto.

Según publicó La Nación hace 24 días, en sólo siete años, desde que Di Cesare asumió como director ejecutivo, el organismo duplicó la cantidad de empleados, entre los de planta permanente y los contratados. Pasó de 10.700 a poco más de 20.000.

Di Cesare dijo que el Instituto no fue allanado. Que, como ya había pasado en otras oportunidades, personal del Juzgado se presentó para pedir documentos que le fueron entregados en el acto.

“La causa es por comprar Letras del Tesoro que ya fueron abonadas y el PAMI ganó muchos millones más que si hubiera puesto el dinero en plazo fijo. No hay ninguna irregularidad en la operación”, dijo Di Cesare, quien administra el sexto presupuesto del país -detrás del gobierno nacional, la Anses, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe- con unos 45.000 millones de pesos.
El interventor del PAMI, que con 4,5 millones de afiliados es la mayor obra social del país, agregó que antes sólo podía invertir en plazos fijos, pero que la ley de presupuesto de 2008 modificó esa regulación y le permitió al organismo invertir en Letras del Tesoro.

A pesar de que Di Cesare dijo que se trató de una orden de presentación -es decir, un pedido de información por un oficio-, fuentes del Juzgado aseguraron a la nacion que se trató de un allanamiento.
Así, Di Cesare suma un nuevo revés judicial. Es que en paralelo avanza otra causa a cargo del juez Sergio Torres, en la que la cúpula del PAMI fue denunciada por manejos irregulares. En ese expediente, anteayer, la Cámara Federal revocó los sobreseimientos de Di Cesare, y su segundo, Mariano Cardelli, y le ordenó al magistrado que dispusiera medidas para investigar las contrataciones de unos 6000 empleados, viajes al exterior y la asignación de sueldos altos que, según la denuncia, no estarían justificados.