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2 de mayo de 2016

La Nación recortó 32,6% de transferencias a provincias para obras públicas

Hasta ahora se gastó sólo el 11,5% de los fondos previstos para las provincias en materia de transferencias de capital. La media, a esta altura del año, debiera rondar el 22%.

El reproche es recurrente en los pasillos legislativos. "La Nación no manda plata a las provincias y la obra pública está parada", es la queja de los legisladores, sean oficialistas u opositores. Es que durante el primer trimestre de este año la Nación giró a las provincias un tercio menos de fondos no automáticos (por fuera de la coparticipación) que en el mismo lapso de 2015.

Ésta es una de las conclusiones del último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), elaborado por Ariel Barraud y Gonzalo Torres, donde se detalla que en los primeros tres meses del año el gobierno de Mauricio Macri giró 8614 millones de pesos a las provincias en concepto de transferencias de capital, un 32,6% menos que en el mismo trimestre de 2015.

Las transferencias de capital abarcan, principalmente, los fondos destinados a obras públicas que se realizan por convenios con las provincias, es decir, van por fuera de los recursos automáticos que las provincias reciben por coparticipación federal.

Según los datos oficiales de la ejecución presupuestaria, hasta ahora se gastó sólo el 11,5% de los fondos previstos para las provincias en materia de transferencias de capital. La media, a esta altura del año, debiera rondar el 22%.

También se observa una llamativa subejecución en otros programas nacionales destinados a obras públicas. En efecto, el programa "Desarrollo de la infraestructura habitacional techo digno", con más de $ 12.400 millones de presupuesto anual, sólo gastó hasta ahora el 5%. Por caso, la partida que contempla "Acciones para el mejoramiento habitacional e infraestructura básica" tiene más de $ 3500 millones y observa hasta ahora una ejecución de sólo un 0,45%, mientras que de los $ 1641 millones destinados a la urbanización de villas y asentamientos precarios se emplearon $ 30 millones, apenas 1,86% de lo disponible.

El gobierno nacional impuso un torniquete en el gasto en obra pública y así se evidencia en la ejecución presupuestaria. Según el Iaraf, el gasto total de capital subió sólo un 6,3% en el primer trimestre, mientras que la inversión real directa cayó un 4,2%.

Esto explica el mal humor en las filas del Frente para la Victoria (FPV), sobre todo en el Senado, que después de prestar su aval a la ley de pago a los fondos buitre endureció claramente su relación con el oficialismo. De hecho, el miércoles pasado, y en abierto desafío al gobierno nacional, aprobó el proyecto de ley de emergencia laboral que prohíbe los despidos y suspensiones por seis meses y establece un régimen de doble indemnización en caso de que efectivamente haya despidos.

El oficialismo, impotente en su minoría en el recinto (perdió por 48 votos a favor y 16 en contra), no pudo hacer nada para frenar la iniciativa pese a que el propio presidente Macri había declarado su rechazo.

"No tenemos que repetir los errores. Ya probamos en 2002 con leyes que prohibían [los despidos]. Eso no trajo más trabajo, destruyó el trabajo", había dicho el mandatario días antes de que se votara el proyecto. "Como cuidamos a los empleados de Cresta Roja cuidaremos a todos, pero no por la vía de la imposición y la arbitrariedad", agregó.

Según el diario La Nación, se vienen días difíciles para el Gobierno en el Congreso. La mayoría opositora en el Senado demora la aprobación de los pliegos de los dos candidatos a la Corte Suprema propuestos por Macri, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

Por otro lado, en la Cámara de Diputados, el kirchnerismo convocó a una sesión especial para este miércoles para apurar la sanción de la ley de emergencia laboral.

El flamante jefe del PJ y diputado nacional, José Luis Gioja, en tanto, le reprochó en la cara al jefe de Gabinete, Marcos Peña, el miércoles pasado en el recinto, que la Nación no estaba cumpliendo con los compromisos con las provincias. Entre ellos, el pago de la primera cuota (el 3%) del 15% de recursos coparticipables que el Gobierno les retiene a las provincias para financiar la Anses.

"La información que tengo es que iban a devolver un 3% e iban a dar ese mismo porcentaje en papeles negociables para llegar al 15% el año que viene, pero no se ha hecho nada en este sentido y es necesario que se pueda avanzar", planteó el diputado.

Las provincias no atraviesan un buen momento económico en virtud de la caída del consumo y mermas en sus ingresos corrientes. Al menos once distritos evalúan realizar colocaciones en el exterior en busca de financiamiento para las obras públicas en sus respectivos distritos, tal como informó este diario en su edición del domingo de la semana pasada. La toma de deuda, en conjunto, podrían superar los 4500 millones de dólares.

A sabiendas del malestar de las provincias, el gobierno de Macri tiene previsto llevar adelante un ambicioso plan de obras públicas en todo el territorio, sobre todo en la provincia de Buenos Aires.

Así lo confirmó el jefe de Gabinete durante su paso por la Cámara de Diputados al exponer su primer informe de gestión: allí advirtió que el gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner dejó un "parate" en la obra pública con una deuda flotante que supera los 57.000 millones de pesos. Tras ordenar toda esa maraña, dijo Peña, el Gobierno está ahora en condiciones de poner en marcha las obras. Sin ir más lejos, el presidente Macri acaba de anunciar el jueves pasado un ambicioso plan para construir 120.000 viviendas en cuatro años.

"Puedo dejarles la tranquilidad de que la ejecución de la obra pública hoy está creciendo exponencialmente y vamos a ver en funcionamiento a partir del segundo semestre los proyectos de obra pública más ambiciosos de las últimas décadas", señaló el funcionario a los legisladores en un encuentro tenso.

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