En la Cámara de Diputados está en tratamiento un proyecto sobre el tema que ya tiene media sanción desde el año anterior. Se trata de un proyecto de César Melchiori (senador mandato cumplido de Islas) por el que se proponía como autoridad de aplicación a la Secretaría de Medio Ambiente y no al Ministerio de la Producción. Ahora esta iniciativa, que tomó estado parlamentario en la última sesión de la Cámara es impulsada por el senador del departamento La Paz, Aldo Ballestena (FpV) y tiene 46 artículos.

Ballestena fundamenta sosteniendo que el proyecto “se basa en información actualizada y busca proteger en todo lo posible a la población entrerriana. Apunta al control, lograr poder de policía que como Estado se debe ejercer sobre el uso y eliminación residual de los agroquímicos o plaguicidas”.

Quiere “lograr un equilibrio entre la necesidad de producir, salvaguardando los cultivos del efecto nocivo de las plagas, pero haciéndolo de un modo que deje debidamente protegidas a las personas que viven en el medio rural y suburbano. También se destaca la necesidad de proteger las fuentes de agua y a los animales”.

En el proyecto, que fue girado a las comisiones de Producción y de Salud Pública, Medio Ambiente Humano y Drogadicción, se indica que se propone regir “todos los actos que se traduzcan o materialicen en elaboración, formulación, expendio, aplicación, transporte, almacenamiento, utilización y disposición de envases usados y toda otra operación que implique el manejo de productos químicos o biológicos destinados a la producción agropecuaria y agroindustrial en todo el territorio entrerriano”.

Se propone como autoridad de aplicación al “ministerio de la Producción”, que “impulsa un sistema de habilitaciones y registros para todo el sistema que interviene en el proceso productivo, como por ejemplo aplicadores, dueños de maquinaria, técnicos asesores”.

Enumera las “funciones y responsabilidades” de la autoridad de aplicación y prevé “un sistema de denuncias”. Describe “los tipos de aplicaciones de agroquímicos y establece una serie de restricciones en cuanto a las distancias de seguridad”. Agrega “un régimen de sanciones” y crea “un fondo específico para la Dirección General de Agricultura”, promoviendo además la constitución de un Consejo Provincial Fitosanitario”.