La Cámara baja dio sanción definitiva al paquete de leyes que permiten implementarlo desde el 1º de marzo de 2016. Críticas de la oposición por las facultades que se le otorgan a la procuradora Gils Carbó.

La Cámara Baja dio sanción definitiva en la medianoche de este miércoles al paquete de seis leyes orientadas a completar la implementación del nuevo Código Procesal Penal, impulsada por el Gobierno. El debate tuvo más de ocho horas de duración y contó con 31 oradores.

De esta manera, el oficialismo cerró el capítulo iniciado con la sanción de la reforma procesal penal, que reemplaza el sistema inquisitivo por otro acusatorio, donde los jueces se limitarán a juzgar y los fiscales monopolizarán la facultad de investigar. Este modelo, ya adoptado por muchas provincias, permite mayor oralidad y participación de las víctimas en el proceso.

El primer proyecto aprobado fue el de la ley de Subrogaciones para los tribunales inferiores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (130 votos favorables, 88 en contra) y segunda la de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal (130, 88 negativos).

La tercera fue la reforma al Código Penal de la Nación, referida en forma especial a causales para la suspensión del juicio a prueba (187 positivos, 29 negativos y 2 abstenciones del Frente de Izquierda); la cuarta fue la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (130 afirmativos, contra 88); quinta la ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (163 a favor, 55 negativos); y sexta la de Implementación del CPP (133 a favor, 81 en contra y 3 abstenciones del FIT).

El kirchnerismo y la oposición se cruzaron debido a la ley Orgánica del Ministerio Público que otorga más facultades a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

El radical Manuel Garrido admitió que en esta iniciativa se encuentra "la mayoría" de sus objeciones y dijo que esa norma genera "un organismo sin frenos y sin contrapesos básicos en una democracia". Asimismo, sostuvo que establece "una monarquía dentro de nuestro sistema democrático", dado que, según su opinión, "no existen organismos de control internos ni externos de la Procuración".

Desde el oficialismo, la diputada Diana Conti contestó que "no necesitamos impunidad, es el pueblo que necesita justicia, fiscales que caminen de la mano de la víctima y que el derecho penal se aplique".

Las reformas se aplicarán de manera gradual empezando por la Ciudad de Buenos Aires, como distrito único, a partir del 1ro de marzo del año próximo, si bien la versión original del proyecto contemplaba la implementación este mismo año.