Declaró inadmisibles los recursos presentados por la acusación pública y privada. Se trata de la investigación contra el ex Presidente por los delitos de homicidio y lesiones culposas, y en la que fuera sobreseído en instancias anteriores.

La Corte Suprema de Justicia, y con la firma de tres de sus miembros, excluyó definitivamente al ex presidente Fernando De la Rúa de la posibilidad de ser juzgado por su responsabilidad penal en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001.

A través de un argumento formal, declaró "inadmisibles" los planteos de la fiscalía y de la querella que pedían que se revise la sentencia que absolvió al ex mandatario por las muertes ocurridas en inmediaciones de la Plaza de Mayo, luego de que el Poder Ejecutivo dictara un estado de sitio, a horas de la caída del gobierno de la Alianza. El fallo ocurre mientras se sustancia el juicio oral y público contra los policías y funcionarios responsables de los operativos que causaron cinco muertes y heridas a más de 178 personas.

Dos años y tres meses después de que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) interpusiera un recurso extraordinario, la Corte resolvió en solo dos párrafos ratificar la inocencia de De la Rúa en los hechos investigados. Sin tratar el pedido que desde el 14 de agosto de 2014 tenía un dictamen favorable del Procurador ante la Corte, Eduardo Casal, sostuvo que por la aplicación del artículo Nº 280 del Código Procesal Penal eran inadmisibles los planteos. Las restantes oraciones fueron solo formalismos.

La decisión fue firmada por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. El único camino para que la querella pueda apelar este fallo es recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

De La Rúa había sido sobreseído en primera instancia por emitir el decreto de Estado de sitio y por haber tomado conocimiento de 29 detenciones ilegales a raíz del operativo policial. La Sala II de la Cámara Federal ratificó esa decisión, cuya apelación fue rechazada en Casación. La defensa siempre alegó que "no tuvo injerencia" en la implementación de la represión o del "comportamiento descuidado" de los policías que la llevaron adelante.