La Cámara de Diputados aprobó este martes, con dictamen de comisión, y giró al Senado el proyecto de ley que propone la eliminación del cobro del plus médico. El texto fue aprobado por unanimidad. El proyecto de ley contempla la conformación de un cuerpo de inspectores con personal de diferentes obras sociales, quienes inspeccionarán activa y regularmente los consultorios o centros de salud donde los profesionales se desempeñen; en caso de detectar el cobro del plus, los inspectores labrarán un acta “in situ” y deberá darse intervención a la AFIP y la ATER, a fin de que se apliquen las sanciones correspondientes. 

En el recinto, se puso de relieve que el proyecto favorece a los afiliados beneficiarios de las leyes nacionales Nº 23.660 y Nº 23.661 y de la Ley Provincial Nº 5326/73 y sus modificatorias, siempre que el pago supere los aranceles fijados en convenios suscriptos entre la entidad y los profesionales médicos u organizaciones gremiales que los agrupen, como retribución. Para el caso que las obligaciones convenidas hayan sido respetadas por parte de las obras sociales, se establece la presente prohibición comprendiendo a las prestaciones clínicas, sanatoriales, de diagnóstico y tratamiento y cualquier otra que se encuentre cubierta por las citadas leyes o convenios. 

Asimismo, la normativa define el “plus”, a “toda suma dineraria o retribución complementaria cobrada, exigida o recibida indebidamente de los beneficiarios de las obras sociales, que excedan los importes de los aranceles convenidos entre la entidades y los profesionales médicos u organizaciones gremiales que los agrupen, como retribución por sus servicios”. 

El diputado Daniel Ruberto (FpV) fue quien argumentó el proyecto al afirmar que “lo que busca esta ley es que a los afiliados de las obras sociales no se le cobre el plus médico.” Y agregó que “esta es una ley prevé sanciones las cuales, cuando sea aprobada por el Senado y luego reglamentada, se podrán realizar a través de denuncias a los organismo correspondientes, como ATER y AFIP”. 

Por último resaltó, que “esto es el punta pie inicial, es una cuestión que la gente reclama mucho, para que el paciente en el consultorio no se sienta desamparado ante este tipo de prácticas. Por eso, es bueno que el legislador piense en el más débil”. 
Otras opiniones 

Sobre la iniciativa, el presidente de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), Rodolfo Nery, aclaró tiempo atrás que si bien, no están de acuerdo con esta práctica,

“la ley debería establecer sanciones a las obras sociales que no pagan en tiempo y forma las prestaciones”. En declaraciones enviadas a RecintoNet, dijo que desde la entidad se propone que se “agregue un artículo a la mencionada iniciativa que fije que el Estado pueda intervenir a las obras sociales que no cumplan”. En este sentido, el presidente de la Federación reiteró que “la iniciativa, tal cual está redactada en este momento, es solo una enumeración de penalidades, sin contemplar los derechos del profesional de cobrar en tiempo y forma”. 

Por este motivo, “la entidad propone que se incorpore un artículo al proyecto que establezca que el Estado pueda intervenir las obras sociales que no pagan en tiempo y forma”. 
Quienes rechazaron la propuesta de ley fueron los Odontólogos. El titular del Colegio que nuclea a los profesionales en la provincia, Abraham Arcushin, apuntó: “Hay dos leyes nacionales vinculadas a las obras sociales, la 23.660 (Obras Sociales) y la 23.661 (Sistema Nacional del Seguro de Salud), que establecen disposiciones federales, por lo que no creo que sea viable poder instrumentar una ley provincial sobre este tema”. 

“Nos parece que no es viable y que puede superponer o contrariar la legislación nacional”, redondeó. Y cuestionó el hecho de no haber sido convocados, teniendo en cuenta que son parte implicada en el asunto. Adelantó que la entidad que preside está elaborando un anteproyecto para que exista un mecanismo de actualización de costos de las prestaciones