La decisión se plasmó en el decreto N° 3675, y se fundamenta en las distintas irregularidades detectadas por la Comisión Fiscalizadora Permanente del IOSPER. Deja en claro que el organismo atraviesa una grave situación financiera, con un déficit mensual de 2000 millones de pesos que son cubiertos con fondos del tesoro. También se destaca los retrasos en las prestaciones a los afiliados y un aumento preocupante en los gastos judiciales relacionados con incumplimientos.

La persona que estará a cargo de la intervención es el doctor Mariano Gallegos y, como subinterventora, la doctora Marina Mariana Alegre. Gallegos fue vice de la obra social de la ciudad de Buenos Aires (OBSBA) en tiempos que Rogelio Frigerio era diputado nacional del PRO por CABA, entre 2011 y 2013. También fue funcionario del gobierno de Mauricio Macri y actualmente se encuentra cumpliendo funciones en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. La doctora Alegre es médica terapista en el Hospital San Roque de  Paraná y viene sonando hace ya algunos meses como posible reemplazante del ministro de Salud, Guillermo Grieve.

Al dar a conocer la noticia, Frigerio subrayó que “la intervención es una medida necesaria para abordar el déficit que enfrenta la obra social”, estimado en 2.000 millones de pesos mensuales y en crecimiento, enfatizando que “los entrerrianos pueden estar tranquilos, ya que las prestaciones de salud seguirán funcionando sin interrupciones”.

Señaló que dicho déficit se cubre con fondos de Tesorería, “es decir, con los impuestos que pagan todos los entrerrianos. Es dinero que perdemos todos los meses producto de una mala gobernanza del organismo”.

El gobernador explicó que la decisión responde a la necesidad de “reorganizar y optimizar los recursos” del IOSPER, asegurando que se implementarán medidas para “mejorar la gestión y la transparencia” en el uso de los fondos.

Además, señaló que, “para asegurar su transparencia, la intervención va a incluir una doble auditoría: Una inicial, para establecer el punto de partida; y otra que va a acompañar el resto de la intervención”.

Frigerio destacó que esta intervención busca “proteger los derechos de los afiliados” y reafirmó el compromiso del gobierno provincial con la salud pública, afirmando que “la salud de los entrerrianos es una prioridad”.